“Hay que depurar las Fuerzas Armadas y la Policía”

GUILLERMO LASSO / PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Guillermo Lasso cumplió un año como presidente y cosecha una bajada en la aceptación ciudadana. Es un “desgaste natural”, alega, ante la toma de decisiones. Sobre inseguridad, su Gobierno se enfoca en mafias criminales sin distinción de la delincuencia común.

¿Tienen una estrategia distinta para el narcotráfico que para la delincuencia común, o es la misma?

El principal problema que tiene Ecuador es el crimen organizado. Hay bandas transnacionales de narcotraficantes, de traficantes de armas y de tráfico ilegal de personas. ¿Qué nos hemos encontrado en este primer año de Gobierno? Una desarticulación entre las distintas instituciones del Estado llamadas a cubrir la seguridad de los ciudadanos.

¿Están luchando igual entonces contra el narcotráfico que contra los robos de celular?

Son delitos conexos al micro y narcotráfico. Aquellos que roban un celular son consumidores de drogas que viven del día a día y necesitan robar un celular para poder mantener los malos químicos en su cuerpo. Están vinculados entre sí. Hay un problema sanitario de salud pública y uno de seguridad.

¿Pero cuál es el mayor temor de la gente en su día a día?

La inseguridad y la falta de empleo. El problema de seguridad está fundamentalmente focalizado en la provincia de Esmeraldas y en el sector sur de Guayaquil, el sector portuario. Esos son los dos sitios más calientes. Y, en Durán, el cerro de Las Cabras.

¿Los demás ecuatorianos de fuera de esas zonas están tranquilos?

No exactamente tranquilos, porque no es que los delincuentes se mantienen fijos en esas zonas. Digo que son las zonas más calientes. Pero hay otras áreas donde también hay inseguridad, fundamentalmente en Guayaquil. Ahora que vivo en Quito y he venido a Guayaquil, yo siento la ansiedad del guayaquileño respecto de la inseguridad, lo comprendo y le doy la razón.

Las cifras de robos no se han disparado tanto como las de muertes violentas. ¿Es porque no han aumentado tanto o porque el ciudadano perdió confianza en las instituciones y no denuncia?

No le puedo precisar eso porque es difícil conocer cuál es el ánimo del ciudadano cuando es violentado por un robo o por un asalto. Pero a mí lo que más me preocupa es el número de muertes violentas. Es algo que ha crecido en el Ecuador en los últimos meses con los amotinamientos en las cárceles y el traslado de esa violencia hacia las calles.

¿Tiene el Gobierno alguna evidencia de que haya nexos entre policías, militares, jueces, fiscales, con las redes criminales?

Yo no lo puedo afirmar, porque no soy el fiscal. Pero sí puedo darle una opinión general. Si allanan la casa de una persona presuntamente conectada con lavado de dinero y, luego, aparecen fotos de esa persona con expresidentes de Ecuador o exgenerales que han sido asesores de gobiernos anteriores en materia de seguridad, eso genera sospechas. Hay que depurar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y, en materia de justicia, es evidente que muchos jueces actúan por dinero o por cobardía al ser amenazados. O por las dos razones. Usted ve que hay una actitud un poco extraña en determinados fallos judiciales. Pareciera que están empeñados en favorecer a los delincuentes y perjudicar al bien común: la seguridad de los ciudadanos.

Justo quería su opinión sobre el lento avance de la investigación fiscal de los llamados ‘JJ Papers’, la documentación hallada en el allanamiento a la casa de José Franco, hombre de confianza de Jaime Nebot.

Ese es un tema que maneja la Fiscalía, que es un organismo independiente del Gobierno. No me puedo pronunciar porque no tengo conocimiento.

Dentro de lo que sí está en su mano, ¿tiene evidencias el Gobierno de que los servicios de alimentación y de agua de las cárceles están contaminados por las bandas?

Lastimosamente, tengo que confirmar esas denuncias, por más esfuerzos que hemos hecho. Parece que queda limpio un centro carcelario, pero a las 48 horas nuevamente está penetrado con armas, drogas, explosivos, drones... Evidentemente, tiene que ver con conexiones externas. Aparte de las cárceles, en los hospitales no han cesado las denuncias por falta de insumos y medicamentos, a la espera de que arranque el plan de externalización de farmacias anunciado desde febrero.

Pacientes y médicos reclaman medicinas y materiales; la ministra desmiente el desabastecimiento. En el Pablo Arturo Suárez, por citar el último caso, dice que está al 80 %. ¿Quién falta a la verdad?

Tengo que creerle a mi ministra (de Salud) sobre el abastecimiento de hospitales. Ha sido una ministra eficiente, ha demostrado liderazgo en la vacunación.

¿No deberían estar al 100 % para funcionar bien?

Deberían estar al 100 %, estoy de acuerdo, pero resolvamos una parte importante del pastel de las medicinas a través de este sistema de externalización y, luego, vamos achicando el problema para lograr los estándares que usted señala. Es lo correcto.

Con la externalización no se soluciona la falta de insumos (hilo de sutura o alcohol, etc.) o tratamientos de dentro del hospital...

Si el consumo de medicinas es mayoritariamente en pacientes de consultas externas, ya nos quedará solo el problema de las medicinas que se consumen en los hospitales. Obviamente deberemos mantener un inventario mínimo, pero será un problema más pequeño. La externalización va a ayudar a tener el inventario justo a tiempo en la farmacia cerca de las casas de los pacientes y lejos de las manos de estos directores de hospitales, que en el pasado hemos oído que todos cometían actos de corrupción. Se va a acabar este gran pedido político de hospitales al Gobierno, que no hemos repartido ni uno.

“Quizás están confundiendo el enemigo. El enemigo de la seguridad no es el Gobierno; son estas bandas criminales”.