Chile tiene un tema pendiente con los DD.HH.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta hoy un informe sobre las denuncias de las 4 681 víctimas de abusos policiales y militares durante las protestas
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta hoy el informe titulado ‘A un año del estallido’, sobre los abusos por parte de la Policía y los militares durante las protestas que comenzaron el 18 de octubre del 2019. A pesar de que se anunció la formulación de cargos contra el supuesto autor de la muerte del ecuatoriano Romario Veloz, la justicia chilena ha actuado poco.
Este domingo se cumple un año del estallido social en Chile, que comenzó contra el aumento de las tarifas del metro y que tendrá su punto culminante con el plebiscito que consultará, el 25 de octubre, si se cambia la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El Gobierno nacional ylas autoridades locales están preparándose para lo que pudiera ser un rebrote de los episodios de violencia. En algunas comunas (barrios) de Santiago se están retirando señaléticas ysemáforos, por eventuales desmanes. También los comercios cercanos a Plaza Italia, epicentro de las protestas, han puesto protección en sus puertas y ventanas para evitar los saqueos e incendios, tal como ocurrió el año pasado.
Hoy, el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentará el informe ‘A un año del estallido’. Se ha conocido, por adelantado, que entre sus recomendaciones estará la reforma a los Carabineros.
Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Chile siguen sin resolverse, lo que ha llevado a las víctimas a exigir justicia y celeridad en las investigaciones.
Han pasado casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fuera asesinado durante una manifestación en La Serena, en el norte de Chile, a manos supuestamente de un militar. No fue sino hasta el miércoles que la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del Ejército como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con su vida.
“Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero es ahí cuando empezó recién mi calvario”, reconoció la madre de Veloz, Mery Cortez.
La lentitud judicial llevó esta semana a la aguerrida madre a marchar por las calles de Santiago y desnudarse frente a La Moneda, para mostrar un mensaje pintado en su pecho: “Justicia para Romario”.
“Cayó un herido antes que él, debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo”, lamentó.
Al caso de Veloz se suman los de otras 4 681 víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales y militares, según datos registrados por el Ministerio Público.
Sin embargo, de las miles de causas abiertas desde el inicio de la actual crisis social -la más grave en tres décadas de democracia- solo 66 se han formalizado contra agentes, quienes se encuentran bajo medidas cautelares.
Respecto de los 460 heridos oculares cifrados por el INDH, se han imputado al menos a dos policías, los agentes que supuestamente dejaron ciegos a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica.
Sus casos dieron la vuelta al mundo y sirvieron para denunciar el elevado número de mutilados oculares.
La directora de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular durante el estallido social, Marta Valdés, explicó a Efe que estos dos casos son “excepciones” y que “no se ha hecho justicia” con el resto de violaciones a los DD.HH.
Para Sergio Micco, director del INDH, institución que ha monitoreado las protestas desde sus inicios, “las cifras hablan por sí solas” y los avances realizados en las investigaciones “no son suficientes”.
Durante la Asamblea General de la ONU, de septiembre pasado, el presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró que su Gobierno hará “todos los esfuerzos para que no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas”.
Sin embargo, Micco señaló que “el compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal” y con la “reforma integral del cuerpo de Carabineros”, algo que todavía “no ha sucedido”.
Entre las razones de los escasos avances judiciales, argumentó el funcionario, se destacan los problemas estructurales del sistema procesal chileno que tiene un “bajo nivel de eficacia” y la “insuficiente” respuesta del Gobierno a la sobrecarga del sistema, que se ha agravado con la pandemia.
Desde la llegada del coronavirus al país austral, el pasado marzo, se han reducido a un tercio las audiencias judiciales, lo que ha ralentizado “todavía más” las investigaciones.
Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una “excusa”, puesto que “históricamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros se investigan poco”.