El juicio político a Romo se inicia con una polémica
La Comisión de Fiscalización arrancará hoy con la sustanciación del proceso. Interpelante pide incluir más elementos.
Hoy, desde las 08:00, la renovada Comisión de Fiscalización de la Asamblea dará inicio al juicio político de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por su actuación en la protesta de octubre del 2019. Los asambleístas interpelantes han pedido añadir nuevas causales, lo cual no está contemplado en el procedimiento legislativo, aunque quedaría a la interpretación política.
En la Asamblea hay criterios divididos sobre la posibilidad de incluir nuevas causales para llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El trámite está a cargo de una Comisión de Fiscalización distinta a la que hace 10 meses archivó otro proceso contra la funcionaria.
La disyuntiva surge porque Roberto Gómez (excreo), uno de los interpelantes, solicitó que entre los motivos para una posible censura y destitución se incluyeran las denuncias de supuestos repartos del control de hospitales a cambio de votos en el Parlamento.
El tema no constaba en la solicitud que fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), el 8 de septiembre pasado -después de 9 meses de haber sido presentada- y que, en cambio, alude al uso de bombas lacrimógenas caducadas y la falta de protección a periodistas en las protestas de octubre del 2019.
“No existe ningún juicio político en mi contra por otro tema que no sean las bombas lacrimógenas de octubre del año pasado”, insistió ayer la ministra Romo, al considerar que sus interpelantes buscan crear un “show”.
La vicepresidenta de la Comisión, Noralma Zambrano (AP), concuerda en que no se podrían incluir nuevas causales para este proceso. La mesa sesionará hoy, a las 08:00, para calificar la solicitud.
“Esta es como una especie de demanda o denuncia, entonces no se podría incluir absolutamente ningún otro tema”, sostuvo Zambrano.
Pero no todos los integrantes de la Comisión están seguros. “Nos toca revisar en la Comisión y aceptarlo como prueba entre una de las causales (...). Eso es parte de la revisión y discusión que tenemos que realizar”, dijo el parlamentario socialcristiano Dennis Marín, uno de los comisionados.
Mientras que Esteban Melo (RC), otro de los integrantes, recordó que la comisión, a través de una resolución, ya indicó que todas las audiencias y todos los eventos que se produzcan, como solicitudes de información, deben ser tomados en cuenta como pruebas de cargo y de descargo.
“No es la primera vez que en el proceso de investigación de algo se encuentran novedades que son remitidas a la Fiscalía y que son tomadas en cuenta por la Comisión”, apuntó Melo.
El expediente llegó a la Comisión pero sin incluir una adenda que Gómez presentó, dos días después de la decisión del CAL, al presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), para que como parte de las pruebas se incluyera el informe de una investigación parlamentaria que recomendó la censura y destitución del asambleísta Daniel Mendoza.
“Lo que el CAL calificó es lo que vale; solamente lo que el CAL calificó, no puede el juicio en la sustanciación versar por nada de lo que no esté en el texto original, que ya fue calificado por el CAL; cualquier nueva materia tendría que ser remitida al CAL nuevamente y esto no ha sucedido”, enfatizó el vicepresidente Patricio Donoso, asambleísta de Creo.
El procedimiento deberá ajustarse a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, no siempre se sigue lo que está escrito, como cuando hace un mes, por resolución del Pleno, se reorganizó a la Comisión de Fiscalización pese a un pronunciamiento contrario del Procurador del Estado.
La asambleísta Zambrano reconoce esta realidad. “Algunas veces yo noto que hay una decisión política, y lo que dice la ley o el reglamento se obvia, pero en este caso, no podría ser de esta manera”, señaló.
El asambleísta Gómez anticipó que, si no se incluye esta causal, tiene previsto presentar un nuevo pedido de juicio político contra Romo.
“En la Asamblea hay un ambiente distinto, la señora Ministra ya no va a acordar oscuros acuerdos para subordinar leyes y juicios políticos. Ahora todo saldrá a la luz”, apuntó Amapola Naranjo (RC), quien al igual que Lourdes Cuesta (excreo) es otra de las interpelantes en este juicio político.
El pedido de la ministra Romo, de que este proceso de interpelación se realice de forma presencial, fue rechazado. El presidente de la Comisión, Elio Peña (PK), manifestó que por disposición del CAL el Parlamento mantiene el teletrabajo hasta que las condiciones por la pandemia lo permitan.
“Desde mi comisión no pueden existir excepciones para nadie; estoy claro y convencido de qué tenemos que hacer en lo que nos corresponde en el marco de la independencia de funciones del Estado”, dijo.
Se trata del segundo proceso de juicio político que enfrenta Romo en sus dos años como ministra de Gobierno. En diciembre del 2019, cuando AP y sus aliados controlaban la mayoría en la Comisión, terminó en archivo un pedido de interpelación por la crisis carcelaria y la inseguridad ciudadana; según el expediente, por falta de sustento.
Sus interpelantes son los mismos. Después de ese revés, Gómez, Naranjo y Cuesta confían en que la nueva Comisión permitirá que el expediente vaya al Pleno, como el proceso que el martes pasado , el cual terminó con la censura y destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz.