Golpe de confianza
Uno de los debates recurrentes en el campo educativo -y social en general- ha sido el modelo de gestión ministerial. Se ha censurado sus tendencias verticales y centralistas. Inclinaciones por diseñar y evaluar todo desde los equipos técnicos de la capital. Estilos que reducen a los actores del territorio a aplicadores mecánicos de disposiciones uniformes del centro.
Esta cultura de gestión -que no es nueva- ha contribuido a delinear dos mundos superpuestos: el del aparato burocrático ministerial (pesado y distante) y el mundo cotidiano de las escuelas. La mejor expresión se aprecia en el currículo. Uno es el prescrito arriba y otro es el real, que se aplica abajo. Unos proponen, otros disponen.
Las tentaciones centralizadoras se originan en una supuesta incapacidad del nivel local para desarrollar procesos de calidad. Una oscura desconfianza baña las relaciones. Los efectos han sido desastrosos: ahogamiento de iniciativas, desmotivación, cumplimiento formal de disposiciones. Y el que sintetiza todo: ausencia de empoderamiento de los actores directos.
El Ministerio de Educación ha definido una nueva fase en el proceso formativo (Juntos aprendemos y nos cuidamos) con tres objetivos: continuidad de estudios, retención de estudiantes, uso progresivo de instalaciones. Este artículo se limita a valorar la mayor novedad de la propuesta… la estrategia descentralizadora. La apuesta por el rol protagónico de los actores del territorio. Por la participación y la autonomía responsable. La medida es nueva y audaz. Un rescate de la confianza.
La estrategia concibe a las instituciones educativas como centros de decisión para el plan de continuidad. Vislumbra un modelo de “alternancia” que combina actividades en casa y en la escuela. Incluye protocolos de auto cuidado e higiene discutidos con las comunidades. Serán los equipos de base (docentes, directores, familias) los que cualifiquen las condiciones y marquen las operaciones.
La medida propone adicionalmente alterar la misión de instancias intermedias, zonas y distritos. Se espera de ellas menos órdenes y más compañía, cuidado y asesoría. Más aliados que prescriptores. Mayor escucha y flexibilidad. Si todo sale bien -con variantes inesperadas- podrá lograrse el empoderamiento de los actores y un mayor compromiso con los aprendizajes. Y también nuevas redes de aliados: familias, comunidad, gobiernos autónomos, entidades de salud, bienestar social.
No será fácil la aplicación de una estrategia así. Sobre todo en los primeros momentos. Lo trascendente es el traslado del eje de decisión a los centros educativos, corazón del sistema. Porque es allí donde se produce el aprendizaje, donde se ejercen los derechos. Las demandas por mayor autonomía ya están entre nosotros, con múltiples rostros. Será imprescindible acompañamiento cercano y retro información permanente. Un desafío para el Ministerio de Educación y para los actores directos.