Dos acuerdos básicos
El lunes pasado la Comisión de lo Económico de la Asamblea nos invitó a conversar sobre la situación económica y el programa convenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Era una agenda abierta, pero a la vez muy precisa pues buscaba delinear la ruta que debería seguir la política económica para salir del agujero al que le llevó el fracasado experimento de poner al Estado como el jugador que decide todo y limita las libertades económicas.
La idea, por lo tanto, era construir las bases objetivas que es necesario respetarlas para volver a crear empleo adecuado, sostenible y no forzar a la proliferación de la informalidad o a la multiplicación de trabajos de baja utilidad y alto costo en las entrañas del sector público. De ahí que la primera premisa que se la debe considerar es la que la gran mayoría del país lo pide: respetar y defender la dolarización. Con esto en mente, la siguiente reflexión lógica era pensar si la conducta del desmesurado gasto público, excesivo frente a los recursos ordinarios que tiene el Estado y ha recreado ese nuevo demonio del bienestar que es el endeudamiento público, puede convivir con la dolarización. La respuesta es categóricamente no. Es un dogal que otra vez hay que desamarrarlo y ello requiere un segundo consenso nacional: las cuentas fiscales, de todo el sector público sin excepción no pueden tolerar un centavo de déficit fiscal. Es más, requieren tener superávit para paulatinamente ir pagando esa montaña de obligaciones.
Se sabe también que la recesión requiere un esfuerzo público especial de defensa de los sectores vulnerables que sufren muchas limitaciones, lo cual implica dos cosas: conseguir recursos que sólo nos lo pueden proveer los multilaterales pues la banca privada mundial o los gobiernos no nos ven con buenos ojos, de tal forma que sin esa relación el problema no camina a su solución; y, segundo recortar gastos y seleccionar servicios que deben ser atendidos y los que deben regresar a las actividades privadas.
En definitiva, la experiencia confirma que este segundo consenso no es de coyuntura sino de perseverancia pues, el endeudamiento, que hasta cierto límite y con buen uso, es recomendable, en el fondo es una política que cercena la libertad económica. Por supuesto, para no incurrir en ella, la receta cae por su propio peso: tener finanzas públicas equilibradas, con gasto cualitativamente valorado (aquí el país no ha hecho nada) y total transparencia.
Con un Estado que se respete y respete a los demás, la inversión privada regresará con la fuerza necesaria, y con ella será posible crear buen empleo. Y, esto creo que lo había entendido la Asamblea Nacional cuando emitió el comunicado de apoyo al acuerdo con le FMI. Bien por ella.