La reforma al Código Monetario busca que el Banco Central sea una entidad independiente”.
La reforma al Código Monetario y Financiero busca que el Banco Central sea una entidad independiente del Ejecutivo. La actual normativa lo convirtió en un prestamista del Gobierno.
Esta semana, el Ejecutivo prevé enviar a la Asamblea una reforma al Código Monetario y Financiero, con la intención de dar un giro al papel que viene desempeñando el Banco Central del Ecuador. El proyecto tendrá el carácter de económico urgente, por lo que deberá tramitarse en 30 días.
El corazón de la propuesta es eliminar la dependencia del Banco Central del Gobierno, ya que la injerencia política ocasionó que, durante más de una década, el Central se convirtiera en caja chica del fisco.
Lo anterior ocurrió desde el 2008, cuando el Régimen anterior, pese a contar con altos ingresos del petróleo, usó toda la liquidez que estuvo a su alcance y echó mano de los recursos que administra el Banco Central, entre ellos, la reserva internacional.
Esta reserva, que el año pasado cerró en USD 7 196 millones, tiene varios dueños. Uno de ellos es el Gobierno, pero la mayor parte corresponde a los depósitos de bancos privados, gobiernos seccionales, IESS, empresas públicas y otras instituciones financieras.
En el afán de obtener liquidez de las reservas, hace una década el Banco Central entregó al Fisco USD 502 millones de ‘utilidades’ por el aumento del precio del oro de la reserva, sin que este metal precioso se vendiera.
También se eliminaron del patrimonio del Central los bonos AGD, que se emitieron para pagar a los depositantes en la crisis de 1999. Las autoridades calculan que el hueco patrimonial del Central suma actualmente USD 6 500 millones.
El proyecto de ley que llegará a la Asamblea busca corregir estas distorsiones, para lo cual se propone dotar al Banco Central de independencia técnica y financiera. Con ese fin, los miembros de su directorio durarán en sus cargos entre cinco y seis años y deberán tener un perfil técnico. Serán nominados por el Ejecutivo y aceptados por la Asamblea.
Esta normativa es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De su aprobación dependerán los próximos desembolsos. Los legisladores, muchos en campaña electoral, son responsables de corregir la distorsiones en el Central.