Contraloría debe investigar el error en las papeletas
El Consejo Nacional Electoral debe destruir 6,2 millones de boletas que costaron USD 561 960, pero aún no define un protocolo. Se imprimirán otras.
En el 2014, por un error similar, la Contraloría determinó los valores del perjuicio para el Estado.
Pocas veces se ve a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) con chalecos industriales. Pero el miércoles pasado lucieron esas prendas color naranja, durante su visita al Instituto Geográfico Militar (IGM). Las autoridades recorrieron el recinto para evaluar la impresión de los documentos que se usarán en los comicios del 7 de febrero.
En la imprenta, la primera papeleta que inspeccionaron fue la de Presidente y Vicepresidente. Esa boleta tiene distintivos lila y agrupa a 16 binomios en carrera por Carondelet. El costo de cada una, según el contrato suscrito entre el CNE y el IGM, es de USD 0,090. La titular del ente, Diana Atamaint, posó para las cámaras y anunció que la impresión registraba un avance del 47%.
Diez horas después, durante una plenaria, la misma funcionaria reconocía que hubo un “lamentable” error, que obliga al CNE a destruir 6,2 millones de boletas presidenciales.
En el diseño, erróneamente se incluyó un logotipo anterior del movimiento Amigo, que data de cuando el grupo tramitaba su personería jurídica con el nombre Mejor EC.
El fallo originó un reclamo de Pedro José Freile, presidenciable del movimiento Amigo, quien demandó la reimpresión de las papeletas. Además, anunció acciones en la Fiscalía y en la Contraloría, para que se investigue cómo un logotipo equivocado pasó al menos tres filtros de control.
El error le costará al país USD 561 960. Las primeras cabezas rodaron en el CNE. Atamaint dijo que fueron separados de sus cargos los funcionarios encargados de la verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales.
A la par, anunció que se volverán a imprimir las boletas de Presidente y Vicepresidente “en el tiempo oportuno”. Además, prometió que este incidente no afectará al calendario electoral ni incidirá en la fecha de los comicios generales.
El vicepresidente, Enrique Pita, dirigió un memorando a sus colegas para que se conforme una comisión de investigación, que determine la cadena de participación responsabilidades en el error. Propone que se elabore un protocolo para la destrucción de las papeletas.
El consejero, José Cabrera, respalda la investigación para “sancionar a los malos funcionarios que no cumplieron su trabajo y provocaron escándalos y preocupación en el país”.
Luis Verdesoto, también consejero electoral, coincide en que se indagar la cadena de decisiones, pero sabe que el fallo puede propiciar una “distorsión” del proceso comicial.
Fiel a su estilo, Esthela Acero por ahora no ha reaccionado públicamente ante el yerro.
Las autoridades del CNE no han precisado como se financiarán los gastos por la nueva impresión, tomando en cuenta la crisis económica del país.
Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que es “un error interno” de la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE y de las personas responsables de verificar los datos para el envío al IGM.
El jurista Stalin Raza calificó al yerro como inaceptable, y dice que este se suma a una cadena de fallos en el organismo electoral, que abonan en la falta de credibilidad del proceso.
Luego de que se confirmara el perjuicio a los recursos del Estado, Oleas dijo que debe intervenir la Contraloría y establecer responsabilidades civiles y administrativas. “El daño causado tiene que ser imputado a las personas que cometieron el error, en este caso al
CNE y a los funcionarios que están ahí”, apuntó.
Raza considera que la Contraloría debe hacer un informe en el que se analicen los recursos inmersos durante todo el proceso de impresión. “La Presidenta y funcionarios tienen que ser glosados para que le repongan al Estado la cantidad de dinero que se va a perder”.
Oleas explicó que la Contraloría es la encargada de definir las sanciones y cree que no cabe una acción penal.
Este no es el primer error en la impresión de papeletas. El antecedente más cercano data de las elecciones seccionales del 2014, cuando se detectaron cinco fallas en las papeletas.
La equivocación obligó a imprimir 1,2 millones de boletas y el CNE tuvo que repetir las elecciones en tres parroquias de Tungurahua, Imbabura y Napo. La Contraloría hizo un examen especial en el que detalló predeterminaciones.
En el 2002, cuando aún existía el TSE, también hubo un yerro en la impresión de los nombres de pila de dos candidatos al Parlamento Andino. Ese organismo, encabezado por Carlos Aguinaga, ofreció discul
pas públicas al país por el error, que ocurrió en los filtros dispuestos antes de la impresión.
La reelaboración de las papeletas presidenciales para el 7 de febrero aumenta la presión en el IGM, que suscribió un contrato para elaborar 65 600 000 de papeletas, para un escenario de dos vueltas, por USD 5,03 millones.
Para elaborar otros documentos, como actas, padrones y certificados de votación, se suscribió un segundo contrato por USD 4,40 millones.
A esta controversia se suma el retraso en la definición de las listas para el Parlamento Andino, pues aún resta un recurso por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Esto podría complicar el armado de los paquetes electorales, que se deben distribuir a las 24 provincias y a las circunscripciones del exterior. De hecho, ya se habían armado algunos kits para el extranjero y eso va a ser subsanado inmediatamente, según información de fuentes del CNE.
El plazo máximo que tiene el IGM para terminar la impresión de los documentos electorales vence el 31 de enero.