4 221 niños han sido víctimas de violencia sexual, de 2014 a 2019
Según datos de la Fiscalía, de las 4 221 denuncias solo el 3% llegó a una sentencia condenatoria
Una investigación levantada por la organización Human Rights Watch muestra que entre el 2014 y marzo del año pasado, 4 221 niños han sido víctimas de violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. Según ese estudio, profesores, personal de limpieza, conductores del transporte escolar y autoridades han sido los principales sospechosos de delitos como violación, abuso sexual y acoso contra menores.
El informe también señala que las víctimas y sus familiares deben enfrentar serios obstáculos en la Fiscalía y en el sistema judicial para que estos procesos judiciales avancen.
“Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”, se indica en el documento de 82 páginas.
Según información de la Fiscalía, de las 4 221 denuncias solo el 3% llegó a una sentencia condenatoria.
El resto sigue en la primera fase de indagación, fue archivado o está en otra etapa del trámite penal.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorTEIDH) examinó por primera vez un caso de violencia sexual en el sistema educativo. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de las agresiones sexuales que sufrió la estudiante Paola Guzmán. Ella fue violada por el vicerrector de su colegio durante más de un año, luego la adolescente se suicidó en el 2002.
La Corteidh ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola.
Además, el fallo del organismo internacional dispuso que todas las denuncias en este tipo de delitos sexuales se investiguen adecuadamente.
En las oficinas fiscales del país hay expedientes de delitos sexuales contra niños que se iniciaron en el 2015 y después de cinco años aún permanecen en la primera fase de investigación, es decir que aún no hay procesados y tampoco una sentencia.
El mayor número de causas represadas recae en seis provincias: Guayas, Manabí, Pichincha, Azuay, Morona Santiago y Los Ríos. La Fiscalía admite que una de las causas de la demora es la falta de fiscales.