Andrés Michelena fue voluntariamente a la Fiscalía a dar su versión
En noviembre pasado, la Fiscalía abrió la indagación por presuntos peculado y tráfico de influencia
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, acudió ayer voluntariamente a la Fiscalía. Allí dio su versión por los supuestos casos de peculado y tráfico de influencias por los que el 30 de diciembre del 2020 los agentes investigadores allanaron su vivienda.
“Acudí para desvirtuar las infundadas acusaciones en mi contra, en el marco de un proceso que violentó mi honra, dignidad e intimidad personal, incluido el allanamiento de mi domicilio”, sostiene el funcionario.
Según Michelena, estuvo en las oficinas judiciales 48 días después de que solicitara por primera vez ser recibido para entregar sus argumentos.
“Niego cualquier participación en hechos ilícitos para beneficiar a terceros en el ejercicio de mi vida pública y privada. Esto se verifica con información a disposición de la ciudadanía, que nunca fue corroborada por los denunciantes”, sostuvo.
Luego añadió: “Ratifico mi respeto a la tarea de la justicia, pero igualmente usaré los medios legales para defenderme y restablecer la verdad de los hechos, con información del Ministerio de Trabajo, Instituto de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, Servicio de Contratación Pública y el Registro Mercantil”.
En noviembre, la Fiscalía abrió una indagación previa por dos delitos.
Según las primeras pesquisas, Michelena trabajó en una empresa privada que recibió contratos del Estado mientras era funcionario público.
“No he sido accionista ni dueño de empresa alguna, tampoco ejercí simultáneamente cargos en los sectores público y privado. En los últimos 23 años trabajé bajo relación de dependencia. Desde 2007 hasta el 2014 en la Vicepresidencia y Presidencia. Desde el 2014 hasta el 2017 en la empresa privada”, dijo Michelena.
“En el caso de los contratos de Véritas DDB con la Vicepresidencia de la República, entre 2011 y 2012, mientras fui funcionario público, estos pasaron por todos los procesos legales, administrativos y financieros”, indicó.
Aseguró que como funcionario de Véritas DDB en Quito, entre junio de 2014 y mayo de 2017, ejerció su derecho al trabajo. “Los contratos con clientes del sector público y del sector privado se enmarcaron en la ley”.