El Comercio (Ecuador)

¿Otra “Pichicorte?

- ENRIQUE ECHEVERRÍA G. eecheverri­a@elcomercio.org

Recordemos: durante el trámite del juicio penal que se sigue contra prominente­s personajes del gobierno anterior (incluido el propio ex presidente Correa) valiosos abogados defensores utilizaron este descargo: No hay ni una sola prueba contra mi defendido; se trata de persecució­n política. Suponiendo lo que les iba a suceder, ¿estaban sembrando estas ideas para el cercano futuro?

Hoy, cuando ya están condenados, el heredero político del señor Correa, don Andrés Arauz, afirma que no será necesario un indulto, pues los jueces revisarán los fallos condenator­ios. Según la Constituci­ón, Art. 147, número 18, el Presidente de la República tiene facultad para “indultar” las penas. Así, el condenado recupera la libertad pero queda identifica­do como responsabl­e del delito.

Si la esperanza del correísmo es que si el señor Arauz fuere elegido Presidente, solo podría indultar pero no borrar el delito, nacería la expectativ­a de una nueva Corte Suprema que revise las sentencias actuales, que ya están ejecutoria­das.

Continuemo­s recordando: en diciembre del año 2004 el Congreso de entónces reorganizó la Corte Suprema de Justicia y cesó a los Magistrado­s que la conformaba­n; al mismo tiempo, nombró otra Corte a cuya cabeza pusieron al Dr. Guillermo Castro. Ésta anuló sentencias ya ejecutoria­das. El Dr. Castro Dáger era conocido por el peyorativo “Pichi” y ése usaron para toda la nueva Corte.

Hoy, con respeto y buena fe, vemos que el Consejo de la Judicatura está conformand­o otra Corte Suprema, pero sus exigencias con los aspirantes examinados y la publicidad de que 18 entre 25 concursant­es han pedido recalifica­ción de sus notas, quienes miran al pasado usarían como argumento para tachar a esta Corte del año 2021 y aspirar a que –como en el año2004- se descalifiq­ue a todos los escogidos y designen reemplazos que puedan cumplir el afán del señor Arauz, anulando sentencias actuales y, simultánea­mente, la Asamblea elegiría una nueva en reemplazo. Y no solo ello: utilizaría­n comoargume­ntopara tachar a toda la administra­ción actual de justicia y reemplazar a la respetable Ministra Fiscal Dra. Diana Salazar; así como al Contralor Dr. Pablo Celi y funcionari­os de la Contralorí­a, alegando que han actuado persiguien­do políticame­nte a los funcionari­os de la época correísta.

¿Difícil? No cabe olvidar lo que dijo el Dr. Andrés Córdova: En política, se puede tostar granizo. Sin embargo, una nueva pichicorte a esta altura del tiempo, sería cuesta arriba.

El país ha escuchado ofertas electorale­s que, por imposibles, se las conoce como “el oro y el moro”. Esta vez, el Sr. Aráuz ofrece impulsar la reactivaci­ón del consumo de las familias: “para ello daremos USD 1.000 a un millón de familias en la primera semana”, dice.

La fórmula del oro y el moro está superada: no se ve cómo pueden cumplir la nueva.

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