San Antonio aún sufre por escombreras
Tanlagua es el poblado de San Antonio con más escombreras; ya existe una legal desde diciembre.
Tanlagua ya no es ese caserío empolvado donde la gente humedece telas y las coloca bajo la puerta para que la tierra no cubra los muebles.
Sigue siendo el poblado de San Antonio de Pichincha, en el extremo norte de Quito, con más escombreras -unas legales y otras informales- pero gracias a los controles, el cielo ya no se ve café y su tierra ya no es inerte. Hay sembradíos.
El camino que conduce a Tanlagua fue pavimentado, por lo que el paso de las volquetas no levanta polvaredas.
Josefina Lema, vecina del sector, reconoce que las canteras así como dan trabajo a los moradores también traen el mayor problema: algunas volquetas llegan con desperdicios de construcción y antes de ir por el material pétreo a las canteras, descargan los escombros en cualquier quebrada. Admite que ya no es como antes, cuando el caserío estaba -dice ella- “enterrado”. Hoy hay más control, sin embargo, aún persiste la clandestinidad.
En La Culebrilla (vía que lleva a esta zona) hay 12 letreros que advierten que es prohibido arrojar escombros, pero no todos se respetan.
Esta no es la única zona de San Antonio donde las escombreras clandestinas se niegan a desaparecer. En la calle De los Rosales, paralela a la Córdova Galarza, ocurre algo similar.
Mario Cevallos, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio, dice que para combatir ese problema trabajaron con la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs) y consiguieron que una escombrera legal, con capacidad de 1,8 millones m³, se abriera en Tanlagua en diciembre del 2020.
En el primer mes de operación recibió 200 m³ diarios; tiene un tiempo de vida útil de tres años y cuatro meses.
Antes no existía ningún lugar regular para desechar ese tipo de desperdicios y la gente los arrojaba donde quería, en especial en los ingresos a las áreas mineras, en la calle Moraspungo y Huasipungo.
Como aún hay infractores, la Junta Parroquial realiza mingas para recoger lo que algunas volquetas dejan en lugares públicos. Hasta el momento han hecho cinco mingas y en cada una realizan 20 o 30 viajes de volquetas para llevar el material a la escombrera legal.
Allí, para ingresar, cada camión paga más de USD 6, dependiendo del tamaño.
La Emgirs se comprometió, además, a disponer motorizados que controlen zonas complicadas. En el último año han detectado cinco infractores. El problema, es que las descargas las realizan en las madrugadas, según Cevallos.
Para multar al conductor de una volqueta que arroja escombros en el espacio público, se lo debe detectar infraganti. Por su lado, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) emitió 23 sanciones en el 2020 y cuatro en el 2021 por contaminación de quebradas en todo el Distrito.
Según la Secretaría de Ambiente, hay una mesa técnica específica para tratar de controlar las escombreras en San Antonio, en la que participan también la zonal de La Delicia y la Comisaría de San Antonio, entre otras entidades.
La última intervención que se realizó fue en La Marca, por una empresa que arrojaba desperdicios de piedra a la quebrada Colorada.
Cevallos dice haber recibido denuncias de moradores del sector que aseguran que una fábrica lleva años arrojando escombros a la pendiente de manera clandestina, y que ha rellenado casi toda la quebrada que servía de desfogue natural.
El líder sostiene que esa actividad ilícita genera un grave riesgo, sobre todo cuando llueve, ya que todo el material baja por el barranco y desemboca en la avenida Reino de Quito.
La fábrica ha arrojado, según Cevallos, más de 20 000 m³ de material, por lo que están gestionando con las diferentes instituciones para solucionar el lío. “A la quebrada arrojan también el agua que esa compañía utiliza para cortar las piedras. Como esta trabaja desde las 05:00 hasta las 24:00, el ruido origina muchas quejas entre los vecinos de esa zona residencial”.
El presidente de la junta sostiene que se trata de una bomba de tiempo y que los vecinos de varios sectores, quebrada abajo, se quejan.
La Secretaría de Ambiente indicó que constató que esa actividad estaba causando afectación ambiental. Solicitó a la empresa la aplicación de un plan de acción en un período no mayor a 15 días.
Posteriormente, la entidad revisará, corregirá y aprobará dicho plan y la empresa tendrá máximo 90 días como plazo, para cumplir con todas las actividades propuestas dentro del proyecto. Caso contrario, la AMC iniciará el acto administrativo sancionador de acuerdo con la gravedad de la afectación.
Las autoridades cercaron el lugar para restringir el paso y colocaron sellos para “estar en constante control y evitar que esta actividad continúe afectando al patrimonio natural”.