San Lorenzo, tres años después
Tres años después de que disidentes de las FARC atacaran con un carro bomba al cuartel policial de San Lorenzo-esmeraldas, los problemas de violencia e inseguridad en este sector fronterizo no logran solucionarse.
El año pasado, armados asesinaron a un funcionario judicial y al comisario municipal. Atacaron a un grupo de policías y a un magistrado. Secuestraron a dos personas, que posteriormente fueron liberadas.
Tras el atentado terrorista del 27 de enero del 2018 y la posterior ola de violencia desatada en el cordón limítrofe, todo un país pidió paz, seguridad y tranquilidad.
El gobierno respondió de inmediato y dijo que todo el Estado se trasladará a San Lorenzo y a sus pueblos. ¿Lo cumplió? Está bien que el año pasado, en medio de la pandemia, se haya entregado 6 300 fichas pedagógica y 7 000 textos escolares para los niños.
Pero se requiere de más esfuerzo. Los pobladores aún viven con miedo. Los irregulares colombianos infunden temor en ellos.
La justicia también debe ser expedita. Luego de tanto tiempo, las condenas de nueve personas capturadas por el ataque al cuartel todavía no quedan en firme.
Es cierto que los detenidos han dilatado el proceso con los recursos que la ley les otorga, pero la Fiscalía dice que desde noviembre del año pasado espera que los jueces fijen hora y fecha para una diligencia en la que se resuelvan las peticiones planteadas.
Hoy más que nunca el Estado debe llegar a los puntos limítrofes con Colombia. El propio Gobierno ha dicho que el embate del narcotráfico es brutal y que en la zona fronteriza de Nariño y Putumayo se encuentran las temidas mafias mexicanas ligadas a la droga.
En medio de este panorama, el puente binacional Ecuador-colombia, que pasa por la población de Mataje, avanza rápido. La puesta en marcha requiere un trabajo gigante de las dos naciones, para que este punto estratégico, en efecto, sirva para incentivar la producción.
Que no sea usado por las poderosas redes criminales dedicadas a los narconegocios.