Planteles fiscales muestran un deterioro por falta de uso
USD 14,5 millones se prevé invertir este año en mantenimiento de los espacios
Tras 10 meses sin clases presenciales, la infraestructura de los establecimientos públicos muestra maleza, goteras y polvo. En algunos hay filtraciones o caídas de cerramientos. El 4,5% de infraestructuras ha registrado robos.
Los espacios en donde, hasta marzo pasado, los alumnos de planteles del sistema fiscal corrían, jugaban, se sentaban y recibían sus clases hoy lucen diferentes. Tras 10 meses, el polvo se acumuló sobre las bancas, el césped creció, los focos se quemaron y en algunos techos aparecieron goteras.
En varias instituciones, informó el Ministerio de Educación, sin cuantificar, las afectaciones son mayores: daños en cubiertas, filtraciones o caídas de cerramientos por precipitaciones. En otras (el 4,5% de fiscales) se robaron piezas sanitarias, cableado de sistemas eléctricos, equipos, etc.
En la Unidad Educativa Pichincha, en Toctiuco (Quito), los daños no han sido graves, cuenta su rectora Mónica Díaz. Pero, desde el lunes, una cuadrilla de 12 personas trabaja en el arreglo de baterías sanitarias y corte de césped.
El centro de 7 000 metros cuadrados tiene amplios espacios verdes, por lo que una o dos personas no bastarían para el trabajo, en las zonas que ocupaban más de 840 alumnos.
El Ministerio lleva a cabo un plan piloto de adecuaciones que incluyen pintura, grafitería, albañilería, podado de hierba y retiro de escombros. También hacen mantenimientos no constructivos, principalmente en las que apliquen para los planes de retorno.
De su plantel fiscal, Gabriel, de 13 años, extraña las aulas nuevas con piso de baldosa. El chico de octavo año dice que cuando regrese “quisiera que los baños estén limpios”.
Childfund Ecuador realizó mejoras en la infraestructura sanitaria y de acceso a agua potable en nueve escuelas de Carchi, Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Un diagnóstico hecho por Educación en julio del 2020, dicen, determinó que el
42% de los centros fiscales se ubican en priorización alta por sus servicios deficientes, especialmente en el área rural.
Les instalaron lavabos, grifos temporizados, baterías sanitarias, bombas de agua y sistemas de aguas residuales.
Andrés, de 11, pasó por su escuela fiscal después de 10 meses y le impactó ver que las aulas no tenían puertas. Las retiraron, cree, para que cuando vuelvan haya más ventilación.
A escala nacional hay 15 906 instituciones, 12 220 son fiscales y 493 están en Quito. El Ministerio informó que durante el 2020 invirtió USD 5,7 millones en mantenimiento y este año serían USD 14,5 millones.
En Guayaquil, la Unidad Educativa Juan Emilio Murillo Landín tiene 30 aulas, cuatro laboratorios, 10 talleres y cuatro canchas. A casi un mes de que culmine el año escolar en el ciclo Costa, el plantel del Suburbio luce desolado.
Davis Burgos anhelaba el cambio de aula en su paso a séptimo de básica. “Se siente raro pasar por la escuela y verla cerrada”. Solo un grupo de maestros y padres acude ocasionalmente al centro, cuyos 2 300 alumnos siguen en clases no presenciales. El jueves se equiparon con palas, guantes y mascarillas para el mantenimiento habitual.
“Continuamos con las mingas, como si hubiera clases normales. Los profesores nos citan en grupos, para evitar aglomeraciones”, cuenta Rocío Espinoza, madre de familia.
Cortaron la maleza, limpiaron los salones y barrieron las
“Se siente muy raro pasar por mi escuela y verla cerrada todos los días, sin niños ni profesores. Hay un vacío en las calles”. Davis Burgos Niño de séptimo de básica
canchas como parte del programa Escuelas activadas, que comenzó en julio de 2020.
Los directivos se encargan de organizar los grupos, cada mes. Así tratan de mantener los espacios como si los 499 176 alumnos de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) estuvieran en clases regulares.
Hellen Silva vive cerca de la Unidad Educativa Guayaquil, donde estudia, y extraña los espacios verdes del plantel. Este hubiera sido el primer año para Emanuel Carrión en este colegio. “Siento nostalgia al pasar y ver la institución cerrada”.
El plan de Educación tiene el respaldo del Ministerio de Salud, que aporta con la fumigación y desinfección. La Policía Nacional se une con patrullajes, más la habilitación de chats comunitarios y botones de pánico para denunciar emergencias.
En la zona 8 hay 650 planteles públicos. Durante la emergencia sanitaria han ocurrido más de 100 actos delictivos, principalmente, el robo de implementos de las áreas administrativas y de las aulas. La Subsecretaría indicó que ha dado los lineamientos para implementar mecanismos de seguridad en las instituciones.
Otro es el caso de los particulares, que son 3 063 en todo el país. Ellos también realizan mantenimiento permanente, señaló Vinicio Aldaz, representante de Corpeducar. Esta semana, en un foro, 100 representantes aseguraron que están listos para una posible reapertura con instalaciones en óptimas condiciones.