Ministro de salud enfrenta una investigación
El funcionario es señalado por presunto delito de tráfico de influencias
La Fiscalía abrió ayer una indagación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por el presunto delito de tráfico de influencias. Este ilícito es sancionado con cárcel de tres a cinco años, según el artículo 285 del Código Penal.
Todo comenzó el 23 de enero, luego de que adultos mayores y médicos de un hospital geriátrico privado fueran inmunizados con dosis de vacunas de Pfizer contra covid-19. Luego se conoció que en ese sitio se encontraba la madre del ministro Zevallos.
Ese geriátrico no constaba en la lista inicial de lugares que recibirían la vacuna. El titular de esa cartera de Estado aseguró que “el plan de vacunación no puede ser rígido. Está sujeto a constantes cambios, de acuerdo a la logística”.
El miércoles, la agrupación Acción Jurídica Popular presentó una denuncia. Allí se menciona que el primer lote de vacunas que llegó al país estaba destinado al personal médico de primera línea que trata casos de coronavirus. Aún no estaba previsto usarlas en geriátricos privados.
Por este mismo caso, la dirigencia del movimiento Unidad Popular presentó ayer tres denuncias más contra Zevallos por peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de decisiones legítimas.
La Federación de Barrios de Quito también presentó una queja judicial “por el uso indebido de recursos públicos para dotar de vacunas a personas que no se hallan en primera línea del combate al covid-19”.
Como parte de las investigaciones, el secretario de Estado fue citado a declarar a la Fiscalía, ubicada en el centro-norte de Quito. Esta diligencia está prevista para el próximo 1 de febrero, a las 08:30.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Salud que entregue el plan establecido para determinar el orden y forma de vacunación.
Debe remitir un certificado de lo ejecutado hasta el momento y detallar cuántas vacunas se colocaron en el geriátrico. Tiene 48 horas para informar.