EX-FARC deben pagar su deuda por crímenes
La Justicia Especial para la Paz sentó un precedente con la primera acusación a la exguerrilla, que ahora es un partido
La antigua guerrilla de las FARC deberá responder por los secuestros y otros crímenes, por los cuales la Justicia Especial para la Paz (JEP) acusa a sus últimos ocho jefes. Se trata de una decisión inédita esperada durante décadas en Colombia por miles de víctimas, y la mayor inculpación desde la firma de la paz con el grupo, que hoy es un partido político.
Dos años y medio de investigación le permitieron a la Justicia Especial de Paz (JEP) acusar, el jueves último, a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por crímenes de guerra. Incluso, se imputó a ocho miembros de su secretariado por delitos de secuestro.
Fue una decisión histórica del Tribunal, creado con la firma de la paz entre el Estado colombiano y esta organización, que puso fin a un conflicto armado de más de 50 años.
La decisión de la JEP llega pocos días después de que los exmiembros de las FARC decidieran cambiar de nombre al partido político que se conformó luego de que depusieran las armas en noviembre del 2016. Se habían llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Pero tener las mismas siglas más bien resultó un perjuicio y decidieron que debían llamarse solamente Comunes. “Acabamos de hacer el cambio de nombre de nuestro partido, de ahora en adelante se llamará el partido Comunes”, expresó la senadora Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez.
La congresista detalló que el nombre fue elegido en una votación entre tres opciones propuestas, que completaban la Unidad Popular del Común y la Fuerza del Común, con lo que buscan desvincularse del estigma de la antigua guerrilla.
El exlíder del secretariado Rodrigo Londoño, quien tuvo el alias de ‘Timochenko’, ahora es presidente del partido y uno de los imputados. Reconoció que “no fue lo más acertado (mantener el nombre FARC)”, por el rechazo generalizado que provocaba en democracia.
Los secuestros cometidos durante décadas por las FARC fueron el punto de partida de otros crímenes de guerra y lesa humanidad.
En un documento de 564 páginas, la JEP recopila relatos no solo sobre el secuestro en sí, sino sobre los tratos degradantes, como encadenamientos, violaciones, humillaciones, torturas y otras agresiones físicas y psicológicas cometidas en distintas regiones, pero sobre todo en los departamentos del este del país, donde operaba el Bloque Oriental.
Con estas formas de violencia se ensañaron especialmente con las mujeres: sus cuerpos eran como botines de guerra.
“Recuerdo que estaba en pijama y me dieron ganas de orinar y fue en ese momento que abusaron sexualmente de mí, al otro día me sacaron de ahí, me senté en una piedra y al observar el lugar me di cuenta que estaba cerca de mi finca (...) yo me sentía destrozada, no me dejaron bañar”, relató a la JEP una mujer secuestrada junto con su esposo en 1997 en la localidad de Granada, departamento del Meta, una de las zonas entonces controlada por las FARC.
Según su versión, el secuestro fue cometido por guerrilleros del Frente 27 que después de la violación la dejaron libre para que reuniera 500 millones de pesos (unos USD140 000 de hoy) que exigían por la liberación de su esposo.
Después de regresar a su finca fue al médico a que le curaran unas heridas “y allí me hicieron exámenes y resulta que me encontraba en embarazo y tuve que practicarme un aborto, ya que no quería tener un hijo fruto de una violación”.
Una tragedia peor relató una enfermera del hospital de San José del Guaviare, secuestrada el 12 de mayo de 1997. Fue sacada a la fuerza de la casa en la que habitaba el personal sanitario de esa localidad, capital del Guaviare, y permaneció secuestrada tres años, sufriendo todo tipo de abusos, hasta que logró escapar el día de su cumpleaños, el 17 de junio de 2000.
“Me llevaron a un campamento de la guerrilla en la vereda (aldea) Barranquillita, donde ellos tenían un hospital. Había secuestrados, en eso había una epidemia de hepatitis”, cuenta, y agrega que mientras estuvo secuestrada la llevaban a los combates como enfermera.
“Meviolentaron sexualmente. Me empalaron”, declaró la mujer y agregó que posteriormente la condujeron hasta el llamado Estado Mayor del Bloque Oriental y cuando se dio cuenta estaba en un caserío del vecino departamento del Caquetá. “Al parecer me operaron, me sacaron los ovarios, la matriz (el útero), la verdad no sé qué me hicieron”.
Los miembros de la cúpula imputados emitieron un comunicado después de la acusación de la JEP. “Estamos aquí para, desde lo más profundo de nuestro corazón, pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”, afirmaron.
Añadieron que tuvieron “la oportunidad” de aportar con la verdad y satisfacer las demandas de las víctimas. “Esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”.
Por su parte, el presidente Iván Duque pidió sanciones que “sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización”.
Se trata del primer caso de la JEP, pero el problema con Colombia es que la violencia no se fue del país. Todavía opera el ELN y los diálogos para un armisticio se truncaron con la llegada al poder de Duque, en el 2018. Pero también operan las disidencias de las FARC, con profundos lazos con el narcotráfico.
Solo en este primer mes del 2021 ha sido el más violento en Colombia desde la firma del acuerdo de paz. Hay una masacre cada cuatro días ; 14 líderes sociales asesinados, según reveló el martes la plataforma de monitoreo de la JEP.