Fiscalía señala a Yunda en la compra de pruebas covid
La Fiscalía de Pichincha pedirá hora y fecha para vincular al Burgomaestre; él dijo que no ha cometido ningún delito
Varios correos enviados entre el 29 de marzo y el 13 de abril del año pasado están en poder de los peritos y son examinados con una orden judicial. La diligencia es parte de las pesquisas que se ejecutan para determinar si en verdad se perpetró el delito de peculado en la compra de pruebas covid-19 para Quito.
La idea de estas operaciones es revisar el contenido de las comunicaciones que los funcionarios de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino cruzaron con las empresas que ofertaban el producto.
Este Diario accedió a una parte del expediente, que ya es público, y vio que las conversaciones relacionadas con los test constan en al menos 51 correos electrónicos.
Allí aparecen e-mails remitidos con títulos como estos: “Informe de necesidad covid-19”, “Solicitud de proforma de pruebas PCR” o “Especificaciones técnicas”. También hay archivos adjuntos con información técnica del proceso y observaciones que la Secretaría realizó a las proformas.
En el mismo documento en el que se pidió analizar las comunicaciones, la fiscal Ruth Amoroso solicitó al juez instalar una audiencia para vincular penalmente al expediente a otras siete personas.
En esa lista se encuentran personal y directivos de la Secretaría de Salud, que llegaron a esos cargos luego de que se firmara el contrato para realizar las compras. Además, aparece la empresa escogida.
Inicialmente, la diligencia se fijó para las 09:30 de mañana. El 29 de enero, cuando se realizó un allanamiento, Fiscalía sostuvo “que funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en las adquisiciones”.
Pero en la tarde, la Fiscalía dijo que se han encontrado “elementos suficientes” sobre una presunta responsabilidad del alcalde Jorge Yunda en el caso.
Por esta razón, el expediente pasó a la Fiscalía Provincial de Pichincha, para que desde allí se solicite fecha en la que se vincule al Burgomaestre.
Él respondió en su cuenta oficial de Twitter: “Nada tengo que ocultar, no he incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas; estaré presto para colaborar con la justicia”.
Una de las funcionarias citadas para el viernes dijo que “fue una sorpresa” conocer la posición de la Fiscalía. Señaló que los procesos precontractuales y contractuales de la adquisición se dieron mucho antes de su ingreso a la entidad municipal. Aseguró que ella comenzó a trabajar en junio pasado y el entendimiento se firmó el 16 de abril del 2020.
Otra funcionaria indicó que como parte de las investigaciones, los peritos también revisaron sus conversaciones por chat. “Hemos colaborado con la Fiscalía para que se conozca la verdad. Todos mis mensajes son de carácter técnico: análisis epidemiológicos, de la pandemia. Me siento tranquila”.
Ramiro Román defiende a ambas. Él señaló que solo después de la audiencia conocerán exactamente de qué infracción o delito las acusa la Fiscalía. “No puedo adelantarme”.
La defensa pedirá al juez que se difiera la cita judicial, pues aseguró que fueron notificados el martes y que requiere más tiempo para revisar toda la documentación. “Son 200 cuerpos que debemos analizar jurídicamente”.
Una de las señaladas por la Fiscalía dijo que existen registros de los pedidos hechos por los mandos superiores de la Secretaría, para que se entregue toda la información y así aclarar el problema. “Les he insistido, sobre todo al área legal, que tengan la agilidad, que respondan a tiempo, que busquen toda la información, que conversen con la Fiscal respecto de si entendimos mal algún pedido para subsanarlo, que se brinde toda la colaboración”.
En este caso ya están procesadas otras seis personas.
El anterior titular de la Secretaría de Salud, Lenín Mantilla, es uno de ellos. Su paradero es desconocido, pues tiene una boleta de captura.