Rueda lleva ocho años en su lucha por las personas que desaparecieron
Lidia Rueda preside la Asfadec, un grupo de familias que buscan a quienes no han vuelto a casa
Era 11 de febrero del 2013. Lidia Rueda recuerda que acudió por primera vez a un plantón que organizaba Asfadec, una asociación de familiares que buscan a desaparecidos. Todos se concentraron en la Plaza Grande, en Quito. Dice que en esos días realizaba una tesis sobre las desapariciones en Ecuador, pues era estudiante de último semestre de Sociología en la Universidad Central.
Hoy preside ese grupo y asegura que su lucha se ha centrado en ayudar a los familiares, por ejemplo, a presentar las denuncias en la Fiscalía.
Viaja de provincia en provincia, habla con los fiscales sobre indagaciones y revisa procesos. Ha estado en Bolívar, Esmeraldas, Guayas, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.
Ella también tiene una prima que no ha vuelto a casa. La última vez que la vio fue hace 49 años. La joven acudió a un centro de salud para un control de embarazo y desde entonces no ha regresado. Sus familiares la buscaron por años, pero no hay resultados.
En los plantones conoció a Walter Garzón, padre de Carolina, una joven que fue vista por última vez en abril del 2012. Él y otras personas fundaron Asfadec para exigir al Estado agilidad en los procesos de búsqueda.
Rueda dice que comenzó en la Asociación como secretaria, tomó protagonismo poco a poco y en octubre del 2020 fue posesionada como presidenta. Nació en Loja y tiene 63 años.
Llegó a Quito en agosto de 1989. Desde entonces vive en El Tejar, un barrio del centro-norte capitalino.
Junto a su esposo fundó una imprenta y un taller para elaborar útiles escolares. En el 2014, cuando murió su marido dejó de trabajar y se dedicó a tiempo completo a Asfadec.
La Presidenta asegura que la lucha de este grupo hizo que durante el mandato de Rafael Correa se creara la Dinased, una unidad de policía especializada en investigar desapariciones. También indica que en el actual gobierno lograron que se apruebe una ley que establece a la desaparición forzada como delito.
En esta norma se establece una sanción penal de siete a 10 años de cárcel.
Rueda asegura que, a pesar de la pandemia, este año realizarán cada semana plantones en la Plaza Grande y en las afueras de la Fiscalía.