Los familiares de Lisbeth piden resultados
Las menores fueron llevadas a casas de acogida luego de practicarles exámenes
El expediente por el crimen en contra de Lisbeth Baquerizo ha pasado por manos de dos fiscales desde su muerte, ocurrida el 21 de diciembre. La madre de la joven, Virginia Muñoz, pide resultados de las investigaciones. La familia no ha recuperado sus pertenencias, que se encuentran en la casa donde se registró el homicidio. Ayer se cumplieron dos meses del hecho.
Siete niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, fueron rescatadas por la Policía y la Fiscalía. Los agentes detuvieron ayer a nueve familiares y conocidos que habrían ejercido “de manera sistemática” los ataques a las menores de edad.
El operativo denominado Rescate Querubín se desarrolló de manera simultánea en Puerto Quito (Pichincha), Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. En total, los policías detuvieron a nueve sospechosos, quienes fueron trasladados a la Unidad de Flagrancias para la audiencia de formulación de cargos.
En los allanamientos se levantaron, entre otros indicios, cinco armas de fuego y los agentes encontraron a las víctimas, quienes fueron trasladadas a casas de acogida, luego de practicarles exámenes médico-legales.
La Fiscalía señaló que este caso se derivó de una “investigación de contexto criminológico, en la que se analizó un comportamiento concurrente delictual”; es decir, se evidenciaron agresiones sexuales violentas con fuerza, intimidación y armas para someter a las niñas y adolescentes.
Dentro del expediente, se señala que hay víctimas “con altos grados de discapacidad física e intelectual”.
Entre las víctimas, por ejemplo, consta una menor con 75% de discapacidad física y 60% de discapacidad intelectual, que, según el expediente, era violada por su padre y hermano de manera reiterada.
En los documentos que ahora son parte de los procesos legales también se indica que otras dos niñas, de 12 y siete años, eran abusadas sexualmente por su padre.
Los agentes encontraron evidencias de que las menores eran vendidas a los vecinos del lugar, para que repitieran el mismo ultraje.
En este caso también se investiga la presunta participación de un funcionario de la Judicatura en Puerto Quito. Las pericias señalan que violentaba sexualmente a su hija, una menor de 12 años. “Con amenazas, la obligaba a guardar silencio a cambio de no atentar contra la vida de su madre”, indica la Fiscalía en documentos que son parte del expediente.
La entidad indicó que de los nueve detenidos en este operativo, el 80% comparte línea directa de consanguinidad con sus víctimas, es decir, son padres, hermanos o tíos. El 20% restante mantiene línea de afinidad: cuñados o vecinos.
El Código Penal vigente sanciona con hasta 22 años de cárcel cuando la violación es cometida en contra de un menor de 10 años o cuando el perpetrador es “representante legal” o “cualquier persona del entorno íntimo de la familia”.
El fiscal que lleva el caso, Francisco Vega, explicó que una investigación de contexto es una estrategia para analizar los comportamientos criminales en una población determinada, “sobre la base de conductas delictivas reiteradas y la forma en que estas se cometen, de tal manera que llega a naturalizarse”.
El fiscal sostuvo que las variables que determinan este tipo de investigación incluyen el análisis del grupo poblacional, el incremento de casos, modos delictivos y formas de cometerlo, y la relación entre agresores y víctimas.
El origen de esta investigación de contexto inició con el rescate, el 12 de enero de 2021, de una mujer que habría sido sometida durante nueve años a violaciones sistemáticas por parte de su padrastro, del cual tuvo tres hijos. Fiscalía formuló cargos contra ese hombre de 44 años, por los delitos de secuestro y violación.
Para la ejecución del operativo de ayer se necesitó a cinco fiscales, personal del Equipo de Género y del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, 30 policías del Grupo de Operaciones Especiales, 27 investigadores de la Policía, agentes de Criminalística y representantes de la Junta de Derechos de Puerto Quito.