Queja por ruido tiene más eco en otras urbes
El ruido por fiestas en zonas residenciales y, además, si violan normas sanitarias, genera multas que llegan a miles de dólares
Corina García emigró desde Ecuador a Barcelona (España) en el año 2 000. Su grupo familiar llega a 40 personas si se incluye a los miembros de la segunda y tercera generación.
Cada vez que se reúnen a celebrar el cumpleaños de uno de ellos se arma fiesta con comida, música y baile, pero todos saben que si el punto de reunión es un piso (departamento), el jolgorio tiene que acabarse a las 21:00.
En ese país europeo la regulación del ruido permitido en espacios cerrados varía en algunas comunidades autónomas. En Cataluña, desde las nueve de la noche cualquier ruido superior a 35 decibelios -que es el equivalente a una conversación en voz baja- es motivo suficiente para que un vecino llame a la Policía. “Viene la guardia urbana (agentes policiales locales) y primero te piden que apagues los parlantes, pero si no haces caso y alguien vuelve a llamar ellos vuelven y te puede caer una multa de 750 euros (unos USD 893 al cambio del pasado viernes)”, cuenta García.
Y eso antes de la pandemia. Actualmente, si además de infringir la Ley de Ruido emitida en el 2003 las autoridades se encuentran con “aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención”, como está especificado en una guía del Ministerio del Interior, en la cual apunta que las personas que las organizan pueden ser sancionadas con montos entre 3 001 y 600 000 euros (USD 3 571 - 714 047).
En el estado de Nueva York, Estados Unidos, donde llegó Gabriela Velásquez en el 2013, una de las primeras cosas que le advirtieron fue no molestar a los vecinos, y eso incluía no levantar demasiado el volumen de la televisión o el equipo de sonido, y que las fiestas con baile en los domicilios no son muy frecuentes ni aceptadas. Si bien la Policía y los abogados en ese país animan a los residentes de condominios a establecer y respetar normas de convivencia, en caso de que un vecino pueda demostrar ante una corte que sufrió daños de algún tipo a causa de la ruidosa parranda ocurrida junto a su domicilio puede exigir una indemnización por decenas de miles de dólares.
En septiembre pasado, las cadenas estadounidenses se hicieron eco de que, en pleno embate del covid-19, un hombre de 42 años del estado de Maryland fue sentenciado a un año de prisión y a pagar USD 5 000 de multa por haber organizado fiestas clandestinas con más de 50 personas.
Quito cuenta con la Ordenanza municipal 123, emitida en el año 2004, que también pone 35 decibelios como límite de ruido en las zonas residenciales de 20:00 a 06:00. Esta normativa impone una multa a quienes la infrinjan que va entre 0,8 y cuatro remuneraciones básicas unificadas (RBU), que actualmente sería entre USD 320 y 1 600.
Y el pasado 30 de octubre, con motivo del creciente número de casos de coronavirus en la ciudad, el alcalde Jorge Yunda firmó la resolución 079, donde especificó una prohibición de las reuniones familiares con más de 25 personas.
El servicio ECU 911 registró en la ciudad en marzo de este año, todavía en plena emergencia sanitaria, 336 llamadas relacionadas con fiestas. Y del 1 al 7 de abril, cuando entró en vigencia un estado de excepción y toque de queda en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, el número llegó a 56.
Durante el asueto por Semana Santa, Miguel Cueva reportó que en el conjunto habitacional junto a su casa, ubicada en el valle de Los Chillos, había una “megafarra” en la que calculó habría unas 100 personas, y que pasaban de las 03:00.
Él cuenta que en el chat que comparte con sus condóminos le dijeron que “no pierda el tiempo” en denunciar, porque era casi nada lo que la autoridad podía hacer al respecto.
En efecto, la Policía Nacional ha informado que cuando las fiestas son en domicilios particulares no les está permitido ingresar, puesto que no tienen una orden de allanamiento. Lo único que pueden hacer sus efectivos es pedir al organizador que cancele el festejo y a los invitados que se retiren.
Los vecinos tienen la posibilidad de alertar a los chats comunitarios de seguridad, a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) o hacer el intento de llamar la atención a través de las redes sociales.
La página web de la Secretaría de Ambiente del Municipio deja claro que su Unidad de Control Ambiental no recepta denuncias por ruido de fiestas en viviendas, ya que es competencia de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
Sin embargo, los operativos que esta dependencia municipal ha realizado en el pasado año en conjunto con la Intendencia de Policía se han limitado a los eventos clandestinos en el espacio público y en establecimientos que hacen un mal uso de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). En el último feriado fueron 186; solamente en Viernes Santo se iniciaron 41 procesos, para sancionar a infractores que pasaron por alto las restricciones.
Pero vecinos de zonas residenciales como Miguel que, por el ruido que no deja dormir y hoy por el temor a que los casos de covid-19 se disparen aún más, no tienen claros los canales de cómo actuar para que las ordenanzas y decretos coyunturales sobre el tema se cumplan, y los responsables reciban la sanción establecida.