Actas e informes confidenciales de la petrolera se trituraron
Las actas de las reuniones del Directorio de la exempresa pública Petroamazonas, memorandos y oficios reservados eran parte de los documentos que fueron destruidos, en días previos a la fusión con Petroecuador.
Estos archivos reposaban en un anaquel ubicado en el quinto piso del edificio Covidal, donde funcionaba la petrolera encargada de la producción hidrocarburífera.
Una exfuncionaria de esta empresa refirió que este anaquel tenía una cerradura con su respectiva llave. Adentro la información estaba etiquetada, enumerada, con fecha, por años. “No era cualquier cosa. Había las actas de directorio, informes de sustento de las actas de directorio, informes confidenciales y otros”.
En total eran 163 archivadores que tenían documentos desde el 2008 hasta el 2016.
La documentación fue triturada por orden verbal del exgerente de Petroamazonas, Franklin Paredes.
Este hecho ocurrió en el período en que, bajo su administración, se llevaba a cabo la instalación de piso flotante y modificación de unas paredes, en el piso donde funcionaba la Gerencia, 20 días antes de que concluya el proceso de fusión de las petroleras.
En un documento, que remitió Paredes al Ministro de Energía, René Ortiz, el exfuncionario expresó que tomó la decisión, porque su asistente le refirió que la documentación estaba respaldada digitalmente en un USB.
Según el oficio que remitió a fines de enero pasado la asistente de Paredes a la jefatura corporativa de Gestión de Talento Humano, la disposición verbal para triturar los papeles fue dada por su jefe al conocer que la información estaba digitalizada.
Por esto, dijo se solicitó apoyo de otros funcionarios para eliminar la documentación.
Tras advertir este hecho, Petroecuador notificó lo ocurrido a la Contraloría General del Estado, al Directorio de Petroecuador y a la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, Paredes en su respuesta al ministro Ortiz sugirió identificar la información respaldada en el USB y restituirla. Esto, según el exgerente, se podía cumplir en un período de 30 días.
Mientras tanto, Ortiz en su oficio recordó a Paredes que la destrucción de documentos públicos es sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.