“Que prevalezcan la ley y la salvaguarda de los dineros públicos”.
La indagación acarreó la detención del Contralor subrogante y del exsecretario de la Presidencia, entre otras personas. Que prevalezcan la ley y la salvaguarda de los dineros públicos.
En la madrugada del martes, en un operativo simultáneo y contundente, se allanaron varios domicilios y oficinas. El traslado del Contralor subrogante y de un exsecretario de la Presidencia a la Unidad de Flagrancia y la indagatoria contra un total de nueve personas llamó la atención del país. La propia presencia de la Fiscal en la casa del Contralor para el allanamiento es un fuerte símbolo.
Los detalles que se informaron, antes de que se instaurara el secreto del sumario, hablan de un seguimiento que data de junio del 2019.
La indagación atañe a un presunto desvanecimiento de glosas a funcionarios de Petroecuador por contratos indebidos. La trama supone el establecimiento de contactos e influencias entre los funcionarios glosados y las autoridades de control.
La investigación, que en su primera etapa concluyó con la orden de prisión preventiva al Contralor, al exsecretario presidencial y a otros indagados, parecería ser la punta del ovillo de acciones que responderían a una estructura sistemática.
Es obvio suponer que el derecho a la defensa de los imputados debe respetarse. Esto apenas empieza y la causa se tramita ante un juez de la Corte Nacional de Justicia, en atención al fuero del que goza el Contralor. El expediente contra otros imputados se arrastra a esa instancia.
Los casos de Petroecuador y los contactos con estructuras tejidas para operaciones se han venido investigando en la justicia de Estados Unidos. Varios imputados ecuatorianos han ido a la cárcel en ese país. Algunos han cumplido la sentencia y otros han rebajado sus penas por la delación premiada (algo parecido a la cooperación eficaz en nuestro Código Penal). Una de las personas encausadas es familiar del Contralor.
El proceso debe ser limpio, con derecho a la defensa y sin presiones políticas de ningún orden hacia la justicia. Que prevalezcan la ley y la salvaguarda de los dineros públicos, sin favoritismos ni venganzas.
De comprobarse el delito, quedará claro que, así como en el caso de los insumos médicos, el latrocinio se da igual en la bonanza que en la crisis.