‘Funcionarios estructuraron una red delictiva’
El contralor Pablo Celi y otros imputados fueron recluidos ayer en la Cárcel 4, en Quito. la Fiscalía los acusa de conformar un grupo ilegal. Valentina Zárate reemplazará a Celi en la Contraloría.
Las investigaciones ejecutadas por la Fiscalía dentro del expediente de delincuencia organizada muestran cómo el contralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Agusto Briones y otras personas que la madrugada de ayer fueron procesadas actuaron como una “estructura organizada” para cobrar sobornos.
La fiscal Diana Salazar identificó a Agusto como el cabecilla de todos, pues el cruce de información determinó que “fue él quien planificó las actividades clandestinas”.
Según los seguimientos, que comenzaron en junio del 2019 con la captura de Raúl de la Torre, sobrino del Contralor, los imputados exigieron pagos ilegales a una empresa, que vende maquinaria de construcción, y que tenía contratos con la estatal Petroecuador.
La idea fue que a cambio de los sobornos se aseguren los contratos con esa compañía.
Los documentos revisados por los agentes determinaron que las coimas también se cobraron para confirmar el pago por los servicios que esa misma empresa prestó a la estatal petrolera entre 2017 y 2020.
Con base en esos argumentos jurídicos, la Fiscalía presentó en la Corte su tesis: “El grupo cometió delitos contra la seguridad y eficiencia de la administración pública”.
Los documentos judicializados dejan ver que Agusto delegó a su hermano para que use sus cuentas bancarias y reciba los depósitos ilegales. Además, ordenó a otros procesados que exijan las coimas.
Los investigadores además dijeron que nombró a una mujer para recibir el beneficio de esta organización. Las pesquisas muestran que ella era accionista de varias empresas petroleras, que tenía como cliente al hermano de Agusto.
Juan Salazar, abogado del exsecretario de Presidencia, indicó que la Fiscalía no tiene indicios para asegurar que su cliente cometió el delito y que la medida de prisión preventiva fue “desproporcionada, pues no existe riesgo de fuga”.
Entre la documentación que hoy está en poder de los jueces se dice que uno de los procesados registra una relación de dependencia y es accionista de las empresas que constan en el reporte tributario declarado por el hermano de Agusto.
“Se evidencia que existe un verdadero acuerdo de voluntades para obtener réditos económicos. Las actividades no son circunstanciales, son planificadas”, sostuvo Salazar.
La delincuencia organizada está tipificada en el Código Penal (art. 369). En esa normativa se sanciona este ilícito con cárcel de entre siete y 10 años.
Dentro de la investigación se habría detectado que Celi autorizó la acción para desvanecer glosas que una empresa tenía por USD 13 millones. La compañía habría pagado coimas y estas se habrían cobrado a través de Raúl de la Torre y del hermano del Contralor.
Este último “gestionaba el desvanecimiento de las glosas aprovechando las influencias de su hermano, solicitando la entrega de dádivas para el efecto”, sostuvo la Fiscalía.
En las incursiones ejecutadas, los agentes confirmaron que en la oficina del hermano de Celi se hallaron USD 19 500 en efectivo. Mientras que en el domicilio de Agusto se incautaron de USD 38 037.
En el domicilio de Celi se decomisaron cuatro computadores, cinco teléfonos celulares, 24 dispositivos de almacenamiento. Todo quedó bajo investigación. Los peritos deberán extraer esos datos y los resultados serán expuestos en futuras diligencias.
Su abogado, Jorge Ortega, dijo que dos pericias mostradas por la Fiscalía no constaban en el expediente y que fueron incluidas previo a la audiencia y que no pudo revisarlas. Indicó que las evidencias presentadas por los agentes no demuestran que su defendido haya recibido beneficios económicos de las glosas que supuestamente se desvanecieron.
Ayer, el abogado también presentó ante el juez Córdova un pedido de apelación a la prisión preventiva. Hizo llegar este recurso legal, pues consideró que la decisión del juez fue desproporcionada.
Luego de que el juez Felipe Córdova ordenara prisión preventiva para siete de nueve imputados (para una se ordenó el uso de grillete y para otra se ordenó su libertad), la mañana de ayer uno a uno entraron a la Cárcel 4 de Quito. Allí permanecerán hasta que se realicen las diligencias penales.
En horas de la tarde, luego de que Celi fuera encarcelado, el ente de control decidió que Valentina Zárate desempeñe el cargo de contralora General subrogante.