Investigación interna entre los militares por captación
Inspectoría de la Fuerza Terrestre se trasladó al Grupo de Fuerzas Especiales, para levantar información sobre lo ocurrido
Las personas llegan poco a poco al barrio Venus, en Quevedo. Solas o en grupos pequeños buscan información para recuperar su dinero. En las afueras de un local comercial son recibidas por cinco jóvenes que les entregan hojas cuadriculadas para que escriban sus números de contacto. Luego les ofrecen llamar para darles indicaciones de dónde, cómo y cuándo recuperarán el capital.
Las personas que arriban al sitio anotan con un esfero azul sus nombres, teléfonos celulares, el monto exacto del dinero entregado y la fecha en que lo hicieron. No existen mesas para que puedan escribir.
Por eso utilizan los capós de los carros estacionados o incluso carpetas de cartón, donde llevan los supuestos comprobantes de los depósitos.
La Policía vigila que no haya problemas. En un informe oficial se recoge que los encargados de hacer las listas son empleados del local en donde se venden electrodomésticos.
Allí comenzó el sistema de captación de fondos. Arriba de ese negocio queda la vivienda del representante de esta empresa, que ofrecía pagar hasta 90% de los intereses semanales sobre el capital entregado.
Agentes que custodian la zona hablaron ayer con este Diario e indicaron que desde el miércoles se elaboran los listados. El jueves fue el día en el que más gente acudió. Cerca de 300 personas estuvieron al mismo tiempo en los alrededores del local de electrodomésticos. Ayer hubo actividad, pero en menor número.
Los policías a cargo de los patrullajes señalaron que están alertas para impedir nuevos hechos violentos, como los registrados el lunes último.
Esa noche se perpetraron dos tiroteos en el barrio Venus. Los ataques dejaron cinco fallecidos y seis heridos.
En otras partes de la ciudad continúan operativos para encontrar a los responsables de los atentados en los que se usaron pistolas. Los uniformados registran autos, motocicletas ¿Cómo denunciar? y transeúntes. En el último reporte oficial, se señala que en los últimos cuatro días hubo seis detenidos por diferentes causas. Los agentes se incautaron de una pistola y tres cuchillos. Además, retuvieron un carro y 26 motocicletas.
En las filas militares también se realiza un proceso de investigación interna. El comandante del Ejército, Fabián Fuel, ordenó que delegados de Inspectoría se trasladaran a Quevedo para conocer qué pasó en el Grupo de Fuerzas Especiales Cenepa, acantonado en la ciudad. Las indagaciones se realizan porque el representante de la captadora de dinero era un cabo de infantería que estuvo en ese recinto castrense.
“Tuvimos conocimiento de la existencia de alguna situación anormal el 28 de mayo pasado”, dijo Fuel. Ese día fue asaltada la vivienda fiscal en donde habitaba el ahora exmilitar y dueño de la autodenominada plataforma financiera.
Las investigaciones señalan que desconocidos robaron cerca de USD 20 000 en efectivo. Esa investigación está a cargo de la Policía Nacional.
Ante publicaciones en redes sociales de que más uniformados habrían colaborado en el sistema de captación de dinero, el comandante de la Fuerza Terrestre indicó que todo es analizado. “Estamos investigando y eso lo está realizando la Inspectoría. En el momento que tengamos los informes los daremos a conocer, porque no se puede permitir este tipo de actos en la institución militar”.
Sobre supuestas aportaciones de los soldados en este esquema de captación, dijo que se abrirán expedientes respetando el debido proceso. “Se harán los análisis correspondientes. Se los llamará, se presentará un informe, un análisis y se verificará todo. Se procederá de acuerdo con la responsabilidad de cada uno (sanciones, si es el caso). Esto no será igual para todos”.
Las personas que acuden a Quevedo a recuperar su dinero indican que hay incertidumbre, porque desde el miércoles no han visto nuevas publicaciones que son atribuidas al cabecilla de este sistema.
De hecho, la Fiscalía no conoce su paradero y hasta la tarde de ayer no existía ninguna orden de arresto en su contra.
La Policía confirmó que desde el jueves tampoco se han realizado manifestaciones a favor del representante o de la captadora, como ocurría en un inicio, cuando estalló el caso.
El informe de la Contraloría General tiene 67 páginas. Allí se detallan las fallas que esa entidad halló en el sistema informático que se usó en el concurso de selección de magistrados de la Corte Nacional, que culminó en enero de este año.
Los resultados del examen especial que el ente de control realizó ya son públicos.
Según los auditores, uno de los problemas se registró en la fase de postulación. Por ejemplo, nueve aspirantes no colocaron sus datos personales y aún así se registraron.
Hubo también un candidato que usó un número de cédula que no existe en el Registro Civil e incluso cuatro personas se inscribieron con fechas de nacimiento diferentes a las de sus cédulas.
Además, la Contraloría detectó que el sistema informático no controló que al finalizar las postulaciones, los aspirantes hayan incluido los documentos obligatorios, como el título universitario, certificados de capacitaciones y de experiencia laboral.
Incluso se detectó que dos aspirantes se inscribieran el 30 de julio de 2020, cuando el cronograma del concurso establecía como fecha máxima el pasado 29 de julio.
Otro inconveniente sucedió el 14 de septiembre del año pasado. Durante cuatro horas, el sistema del concurso dejó de estar disponible por un problema en la climatización de los servidores.
Esto afectó el acceso a los expedientes de los postulantes. Según el informe del ente de control, esos documentos fueron restaurados desde el expediente físico, ya que no había un respaldo del sistema principal. Esto causó un retrasó de 33 días en el proceso.
Luego de que concursantes también denunciaran estas fallas informáticas, la Dirección del Consejo de la Judicatura (CJ) pidió a la Contraloría que realice una auditoría. Esa solicitud se realizó el pasado 26 de noviembre.
Poco antes de que termine el concurso, el CJ aseguró que habían ejecutado correctivos. La entidad indicó que repotenciaron el sistema de climatización, dieron mantenimiento al data center y adquirieron un nuevo software para mejorar el sistema.
El proceso culminó en enero de este año con la posesión de nueve jueces nacionales.
La idea del proceso era llenar 16 vacantes en el alto Tribunal, pero solo nueve juristas fueron escogidos. El CJ anunció un nuevo concurso y todavía no se concreta .