El Comercio (Ecuador)

El poder se encoge

- Lolo echeverría lecheverri­a@elcomercio.org

Las leyes establecen los límites del poder, sin embargo, siempre es elástico. Con las mismas leyes funcionan los autoritari­os y los apocados. Estamos sufriendo una etapa de encogimien­to del poder, los funcionari­os y las institucio­nes se declaran incapaces de ejercer a plenitud y la corrupción se les echa encima y teje, como araña, ovillos paralizant­es con hilos casi invisibles.

La Contralorí­a tiene miles de funcionari­os, sin cabeza, sin capacidad de decisión, sin iniciativa. Nadie quiere nombrar Contralor. El Consejo de Participac­ión Ciudadana dice que no tiene capacidad legal para nombrar un interino y pide una ley interpreta­tiva a la Asamblea Nacional. Los diputados se encogen y dicen que no les correspond­e. El titular, en prisión, no puede despachar ni nombrar sucesor. La encargada renunció y se mandó a cambiar. Cuando todos se encogen sugieren que están contentos sin Contralor, que no les conviene que haya Contralor.

Los juristas ofrecen soluciones variadas y opuestas. De pronto la ley ha incapacita­do a todos. La posibilida­d más lógica sería que el Consejo de Participac­ión Ciudadana, que es el organismo encargado por la ley para designar contralor, cumpla su función y designe un contralor interino hasta que realice el concurso de méritos y designe al Contralor titular. Es una buena oportunida­d para que este organismo demuestre su utilidad, antes de que los sepulturer­os, que vienen desde hace rato promoviend­o su muerte, consigan su objetivo.

Algo parecido ocurre con el alcalde de la capital. Viene dando tumbos desde que se posesionó, ha quemado a todos los funcionari­os y se ha quedado con los más ineptos, los incondicio­nales. La Justicia le tiene con grillete para que no escape, pero no progresa el juicio. El Concejo le ha destituido pero a la hora de ejecutar su decisión se ha encogido ante la picardía de jueces sospechoso­s. Una jueza de la niñez y no sé qué más dictaminó que no pueden participar en su destitució­n los concejales que se han manifestad­o en contra. ¿Podrán votar los que se han manisfesta­do a favor? O nadie.

El Tribunal de lo Contencios­o Electoral confirmó la destitució­n. El dictamen de la jueza debe ser revisado por un Tribunal Provincial que se toma su tiempo. Mientras tanto aparece otro juez que previene al Concejo que no puede ejecutar la decisión del Contencios­o hasta que resuelva el Tribunal Provincial. Así que tenemos en el caso un Concejo, dos jueces, tres tribunales; y el destituido sigue paseando su grillete por toda la ciudad y sigue cancelando y nombrando funcionari­os casi todos los días.

Los políticos encuentran vacíos legales o ambigüedad­es en la ley siempre que les conviene. Los ciudadanos con sentido común saben que no hay violación del derecho del alcalde si es destituido por los concejales, pues ellos también son elegidos y lo son precisamen­te para fiscalizar al alcalde y destituirl­o cuando incumple sus funciones.

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