La CAN impulsará reactivación con Ecuador en presidencia pro témpore
En julio, Ecuador asumirá la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina (CAN), un organismo regional que tiene 52 años de existencia. El cambio de mando se debía realizar a inicios de mes en Colombia, pero debido a la cirugía a la que se sometió el presidente Guillermo Lasso, el evento se pospuso.
La CAN está integrada por Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. La población de los países miembros bordea los 111 millones de habitantes.
La Cancillería informó que Ecuador asumirá la Presidencia por el lapso de un año. La última vez que el país lideró el organismo fue en el 2017.
La primera tarea del Gobierno será definir las agendas y acciones para lograr los objetivos que se plantee el país durante su gestión.
El canciller, Mauricio Montalvo, aseguró que el Gobierno tiene un “compromiso con la integración” y habló de una “particular importancia que se le asigna al fortalecimiento de la Comunidad Andina, como el espacio natural del país”.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se buscará una “complementariedad comercial, tecnológica y social, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
A diferencia de otros organismos internacionales, la CAN cuenta con su propia institucionalidad, mediante el Sistema Andino de Integración, compuesto por 15 instancias, entre ellas, el Consejo Presidencial Andino, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Tribunal de Justicia, Parlamento Andino y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).
César Montaño, rector de la UASB, cree que a raíz de la pandemia se visibilizó la necesidad de retomar la integración con los vecinos más próximos, sin que esto signifique que el Estado se cierre a otras iniciativas importantes, como la Alianza del Pacífico.
Considera que el trabajo de la CAN debería avanzar hacia la reconstrucción del tejido socioeconómico, salubridad y educación. “Eso implica decisiones y acuerdos de políticas comunitarias al más alto nivel sobre producción, consumo, aduanas, transporte. Son retos de cada Estado miembro, pero también a escala supranacional”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que uno de los retos será apoyar el proceso de reactivación social y económica en un escenario de post pandemia. Se ofrece promover a la micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes) en el comercio subregional y en las cadenas de valor.
Se plantea, además, impulsar la economía naranja, relativa a la cultura e industria creativa. Otro elemento que se promoverá es el turismo, como “generados de sostenibilidad y motor de desarrollo”.
El jueves el canciller Montalvo se reunió con los Parlamentarios Andinos de Ecuador. Señaló que la tarea de ese organismo, en términos políticos y regionales, es vital para los desafíos de la integración.
Paul Desamblac, parlamentario Andino que llegó al organismo de la mano de la Izquierda Democrática, aseguró que trabajaran articuladamente con la Cancillería para concretar los proyectos que el presidente Lasso proponga.
Dentro de la agenda del Parlamento Andino consta la interconectividad eléctrica, homologación de títulos universitarios y la reestructuración del Consejo Consultivo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de la región Andina.
El secretario General de la CAN, Jorge Pedraza, dio una conferencia a la academia diplomática ecuatoriana a finales de junio. Ahí explicó que el 90% de las empresas asentadas en la CAN son Mipymes, y que representan más del 60% de fuentes de empleo.
Cree que la pandemia abrió una oportunidad para que la Comunidad Andina se convierta en una “potencia exportadora de alimentos”.
Dijo que la zona de libre comercio y a la eliminación de los costos del roaming en las llamadas telefónicas, son una muestra del trabajo de la CAN. También mencionó al estatuto migratorio vigente, que otorga residencia temporal por dos años, con posibilidad de prórroga, a cualquier ciudadano de los países miembros.
El canciller Montalvo explicó que otra intención del Gobierno Nacional es fortalecer el Tribunal de Justicia de la CAN, que tiene sede en el país.
El rector de la UASB considera que esa es una decisión acertada, pues el Tribuna dirime las diferencias que puedan ocurrir cuando los países o empresas no cumplan los acuerdos que rigen el Sistema Andino de Integración.