Familiares de equipo de prensa usan acción legal para desclasificar datos
La demanda se presentó ayer en una ventanilla de la Corte Constitucional. Familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron esta acción legal para que se desclasifiquen las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) en las que se trató información sobre el secuestro y asesinato del equipo de prensa por grupos armados en la frontera colombo-ecuatoriana
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl, indicó que tomaron esta decisión porque en reiteradas ocasiones el Cosepe ha negado la entrega de esa información. Esto ocurrió pese a que en abril del 2018, el entonces presidente Lenín Moreno prometió hacer públicos esos datos. Su declaración se hizo poco después de que se confirmara la muerte de las tres personas. Según los familiares, también hubo otros seis ofrecimientos del exmandatario que aún no se cumplen.
El 17 febrero del año pasado, la Fiscalía también solicitó a ese organismo la entrega de las actas para que formen parte del expediente judicial en pedidos realizaron en el 2018 los familiares para desclasificar esas actas.
este caso, sin embargo, un año después se rechazó ese pedido porque “se atentaba contra la seguridad del país”.
Además, en abril del 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional hizo un exhorto al Ejecutivo para que se entregue esas actas. Ese pedido fue aprobado por 106 legisladores, sin embargo, aún no hay respuestas.
Ricardo Rivas aseguró ayer que “al no entregar esos datos se está obstruyendo las investigaciones judiciales y eso constituye una clara violación a los derechos humanos”.
Según los familiares, el pedido a la Corte Constitucional se fundamenta en la Constitución (art. 18 numeral 2). Allí se establece que “en un caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información” . Además, que todo ciudadano tiene derecho a solicitar datos de forma individual o colectiva.
En la demanda también se menciona el artículo 19 de la
Ley de Seguridad Pública.
Allí se menciona que las personas “podrán demandar ante la Corte Constitucional la desclasificación de la información cuando hayan presunciones de violaciones a los DD.HH o actos ilegales”.
El sorteo de esta causa recayó sobre el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado. Él debe decidir si acepta o no este pedido.
El periodista, fotógrafo y conductor fueron secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia por disidentes de las FARC. El crimen ocurrió en abril del 2018.
Un hecho similar se registró con los ciudadanos Katty Velasco y Óscar Villacís. Según el Colectivo Nos Faltan 3, en las actas de reuniones del Cosepe también se habría tratado la situación de la pareja.
Según un informe emitido en diciembre del 2019 por el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún hay hipótesis que no han sido investigadas. Ahí también se determinó que el Estado ha negado el acceso a información relevante y que no se ha garantizado una reparación integral a las víctimas.