Cpccs aceptó renuncia de Celi; Riofrió se defendió
Entre abril y julio, la Contraloría emitió 326 responsabilidades civiles por 151, 8 millones, y 36 fueron de responsabilidad penal
De los 30 minutos que tenía el contralor subrogante, Carlos Riofrío, cuatro se tomó para explicar su nombramiento a la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales.
El funcionario dijo que su designación se dio con el “puño y letra” del excontralor, Pablo Celi, el 25 de junio. Eso provocó críticas de los comisionados, ya que Celi está detenido desde hace tres meses por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres. Al ser subcontralor, y en ausencia del titular, Riofrío asume como contralor subrogante.
Riofrío argumentó que, al momento de esta decisión, había concluido una licencia por enfermedad para Celi y que, pese a permanecer detenido, no tenía inhabilidades certificadas por el Ministerio de Trabajo para que ejerza sus funciones en la Contraloría.
Los asambleístas Ferdinand Álvarez (Unes) y Francisco Jiménez (Creo) insistieron en que se trataba de un “problema no solo de legalidad, sino ético, de moralidad”. La tónica hizo que la sesión se prolongara por más de una hora.
“Tengo que referirme solo al tema jurídico. Voy a seguir en el cargo, no voy a renunciar”, recalcó el funcionario, al señalar que su designación se dio en apego al artículo 33 de la Ley de la Contraloría.
“Su nombramiento es ilegítimo. Su hoja de vida puede ser impecable, pero acaba de tener una pequeña raya porque su nombramiento lo firmó el PPL Celi”, dijo Paola Cabezas, coordinadora de Unes.
Gruber Zambrano (EXPSC), ahora del bloque del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, adujo que el “acto administrativo está en firme hasta que la autoridad competente” como un juez determine lo contrario.
Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik, pidió a Riofrío que entregue la información por escrito antes de que la Comisión se pronuncie, aunque sostuvo que la crisis de la Contraloría no es reciente, sino que data desde que, en 2017, el titular de la entidad, Carlos Pólit, salió del país en medio de un proceso por corrupción y le sucedió su segundo a bordo,
Pablo Celi, quien es investigado y guarda prisión preventiva mientras es investigado.
El legislador recordó que Pólit fue condecorado en su momento por la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, una alusión que fue rechazada por el correísmo.
Riofrío se presentó como un funcionario con 30 años de carrera y aseguró que no tiene ninguna relación con Celi, aparte de lo laboral. Anunció cambios de personal en algunas áreas de la entidad.
Por otro lado, la renuncia de Celi como contralor subrogante quedó en firme. Siete días después de que fuera presentada, ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) conoció y aceptó esta dimisión, en una sesión extraordinaria.
El consejero Juan Javier Dávalos manifestó que con esta decisión pueden iniciar de manera formal el concurso de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad.
La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, y el consejero Francisco Bravo, evidenciaron sus desencuentros en la preparación del reglamento para el concurso de contralor.
Entre abril y lo que va de julio, la Contraloría ha emitido 326 informes con responsabilidades civiles (glosas) por USD 151 843 065 y 36 informes con indicios de responsabilidad penal, remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE), según datos proporcionados por el organismo a este Diario.
Se trata de informes con plazos específicos, cuya aprobación final depende del titular de la Contraloría.
En el caso de los informes de auditoría y su aprobación, la Ley estipula que estos serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría, hasta la aprobación del informe en el término máximo de 180 días improrrogables.
Los informes, luego de ser suscritos por el director de la unidad administrativa pertinente, serán aprobados por el Contralor General del Estado, o su delegado, en el término máximo de 30 días improrrogables y serán enviados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas de manera inmediata.
El abogado Pablo Baca dice que es difícil dimensionar hasta el momento las secuelas de la crisis que atraviesa la Contraloría y que, a su juicio, empezó con la quema de su sede en las protestas de octubre de 2019. “Tenemos que esperar a que se asiente el polvo para ver a qué nivel de gravedad se llega en la evacuación de los procesos de la entidad”, puntualizó.