Personal de salud denuncia a las mujeres por aborto
En el 2017, Sara tenía 38 años y dos hijos. Creía que era mayor para volver a quedar embarazada. Por un sangrado fuerte acudió a un hospital público en Quito. Un médico diagnosticó que una infección de las vías urinarias le había provocado un aborto espontáneo.
En el siguiente turno, otro doctor interrogó a Sara y le preguntó si había tomado pastillas o intentado abortar. La condición de Sara no era estable y tenía fiebre alta. El médico llamó a la Policía.
La historia consta en el informe ‘¿Por qué me quieren volver a hacer sufrir?’, presentado ayer por Human Rights Watch, en el que se detalla el impacto de la criminalización del aborto en Ecuador.
La organización analizó 148 casos en los cuales mujeres o niñas, profesionales de la salud o acompañantes fueron acusados de obtener o practicar abortos entre 2009 y 2019.
Entre otros resultados, el informe concluye que la criminalización del aborto afecta más a las mujeres pobres, indígenas y afroecuatorianas.
Sara todavía sangraba por un procedimiento para quitarle restos de tejido del útero y solo llevaba una bata. Así fue trasladada por la Policía a una unidad de detención en medio de la noche, acusada de aborto consentido.
El 73% de los casos que analizó Human Rights Watch se inició después de que un trabajador de la salud violara el secreto profesional y denunciara a la paciente a la Policía en medio de la atención.
Las mujeres y niñas también se enfrentaron a sentencias judiciales que reflejaban estereotipos de género y consideraciones religiosas.
La autora del informe, Ximena Casas, señala que la objeción de conciencia “no debe ser una espada para atacar a mujeres y niñas. Debe exigirse q todos establecimientos de salud cuenten con personal suficiente para brindar servicios de interrupción de embarazo de manera oportuna cuando sea necesario”.
La médica guayaquileña Tatiana Ortiz señala que el informe de Human Rights Watch debería ser un insumo para que el Ministerio de Salud sensibilice y capacite a su personal para comprender el marco legal en el que se inscribe su trabajo.
“Romper la confidencialidad pone en riesgo la salud y vida de las mujeres porque van a dejar de asistir a los servicios por temor a ser judicializadas”.
Para la investigadora Casas, el paso que ha dado Ecuador al despenalizar el aborto para víctimas de violación es importante. Sin embargo, dice, la Asamblea debería tener conversaciones más amplias.
El Legislativo tiene seis meses para debatir el proyecto de ley para la interrupción del embarazo para víctimas de violación, que fue presentado el 28 de junio por la Defensoría del Pueblo.
La sentencia de la Corte Constitucional a través de la cual se despenalizó el aborto por violación es de inmediato cumplimiento “haya o no haya ley”, ratificó la abogada de Surkuna, Ana Vera.