Comité pide respuesta de la Corte sobre proyecto que buscaba eliminar al Cpccs
Luego de que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, anunciara la intención del Gobierno de convocar a una consulta popular, el denominado Comité por la Institucionalización Democrática reaccionó.
Pablo Dávila, vocero de esa instancia, recordó que una parte de los temas que se incluiría en esa potencial consulta ya los propuso el Comité, a través de un proyecto de reforma parcial a la Constitución de iniciativa ciudadana.
Mencionó que la Corte Constitucional (CC) ya dictaminó que la reforma parcial a la Carta Política era la vía legal para lograr esos cambios. El trámite incluía dos debates en la Asamblea y un posterior referendo en las urnas.
El Comité presentó más de 300 000 firmas de respaldo y planteó transformar a la Asamblea en un órgano bicameral, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), además de dotar de mayor independencia a la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el trámite de la reforma fue bloqueado en el anterior periodo legislativo.
Es por eso que Dávila pide que la CC se pronuncie ante la solicitud de seguimiento de dictamen, ya que a su criterio, la Asamblea pasada alteró el fondo del contenido y no permitió que se debata la propuesta. “Por tanto, se violentó el trámite previsto y se contradijo el propio dictamen”.
Dávila cree que si la Corte emite un fallo favorable, se podría unificar la propuesta del Comité con la intención del Gobierno de consultar a la ciudadanía sobre la bicameralidad de la Asamblea y el futuro del Cpccs. “Después de que la Asamblea incumplió su rol, ahora la Corte tiene la posibilidad de hacer valer los derechos, reconocer que se dio el trámite y que dé espacio para que podamos llegar a las urnas”.
La existencia del Cpccs volvió a debate, en la víspera de que el organismo inicie el concurso para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Estado.
La presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, habló de un supuesto complot a la interna del organismo, para afectar el concurso y la imagen del Consejo ante la ciudadanía.
El viernes el Cpccs debía sesionar para conocer el reglamento para nombrar Contralor, pero Almeida suspendió la plenaria. Se ofreció reinstalarla la tarde de ayer.
En los últimos días hubo cruces entre consejeros por la elaboración de dicha norma.
Pese a que Dávila formó parte del Consejo de Participación Transitorio, que encabezó Julio César Trujillo, fue critico con esa institución.
Considera que el Cpccs es una entidad que no ha sido capaz de cumplir las funciones que le asigna la Constitución, más allá de los nombres que han pasado desde el 2019.
Por ahora Carondelet no ha dado más detalles de la propuesta de consulta popular que estaría analizando el presidente Guillermo Lasso.
El proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia, que fue remitido por el expresidente Lenín Moreno a la Asamblea un mes antes de dejar el poder, todavía no cuenta con un informe para primer debate en el Pleno.
El presidente, Guillermo Lasso, evidenció la falta de este instrumento en los considerandos del Decreto Ejecutivo 116 con el cual el 14 de julio pasado puso en vigor un nuevo estado de excepción para El Oro y Guayaquil por casos de la variante Delta del coronavirus.
El asambleísta Marcos Molina (ID), presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, respondió que desde el 27 de junio pasado ha venido insistiendo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República que remita oficialmente sus observaciones a este proyecto de ley, pero hasta el viernes pasado todavía no recibía una respuesta.
El canciller, Mauricio Montalvo, defendió el Acuerdo Ministerial 036 del gobierno de Lenín Moreno que incrementó el arancel consular y diplomático para trámites realizados por ciudadanos en el exterior.
El funcionario aseguró que cualquier modificación que se haga al mismo, requiere del dictamen del Ministerio de Finanzas, por el impacto presupuestario. Sostuvo que derogar aquellas tarifas ocasionaría un vacío normativo que impediría dar servicios consulares y violaría la garantía prevista en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución.
Montalvo, quien compareció la semana pasada a la Comisión legislativa de Relaciones Internacionales, precisó que el incremento aplica para 20 de las 212 partidas arancelarias que cubren los servicios que se prestan en los consulados. Dijo que el ajuste se responde a criterios técnicos y al principio de igualdad.