Barrio las Tolas ha esperado por un siglo ser legalizado
En el Distrito Metropolitano hay más de 400 asentamientos irregulares; en dos años se han emitido 98 legalizaciones.
El hallazgo de un cementerio indígena, de la época preincásica, dio el nombre al barrio más antiguo que tiene la parroquia de Pomasqui en el norte de la capital.
Los vecinos que más años han vivido en Las Tolas dicen que el ingreso principal, hoy la vía Independencia, fue un camino real. Así lo cuenta Rocío Velastaguí, de 65 años.
Ella conoce parte de la historia del barrio, contada de la boca de sus padres y abuelos, quienes también vivieron en este lugar y lo han visto crecer.
Frente a la tienda de abarrotes de Velasteguí, quien también es parte de la actual dirigencia, está una vieja casona colonial –la construcción más antigua del barrio- y que funcionó como un granero cuando las primeras familias se repartieron esas tierras. Se conoce como la casa de El Tambo.
Pero pese a todos estos rasgos, la identidad de Las Tolas se percibe a medias entre sus moradores, quienes esperan desde hace casi 100 años que el barrio sea regularizado.
Ante la falta de una resolución municipal, este sector no puede acceder a varios servicios públicos como un adecuado sistema de alcantarillado o el mantenimiento vial.
Wilson Carrera, presidente del Comité Promejoras, confirma que el anhelo de ser un barrio legal se arrastra desde hace años pese a sus insistencias con las autoridades. Entre sus pedidos se incluyen, por ejemplo, atención para mejorar el sistema de recolección de agua lluvia y otros arreglos en zonas comunales.
Espacios como la casa comunal fueron levantados por gestión de los mismos moradores. La familia de Carrera y amigos de sus padres participaron en la construcción de la cancha barrial hace varios años atrás.
Velasteguí también cuenta que a veces se organizan pequeñas mingas para mantener limpios espacios como el parque nuevo junto a El Tambo, o un puente peatonal que une a Las Tolas con el barrio Cuba, que tampoco está legalizado.
María Augusta Caiza reside allí desde que nació, hace 60 años. Mientras espera el carro que lo lleve a su trabajo, en el centro de Pomasqui, detalla la importancia del barrio “de entrada” a la parroquia.
Ella rememora los desfiles de confraternidad y los recorridos festivos que iniciaban justo en la calle Independencia, que hoy luce adoquinada, pero que en sus inicios era un pequeño acceso de tierra.
Recuerdos similares tiene Samuel Velasteguí, de 85 años. Él nació en el barrio y guarda en su memoria decenas de desfiles y marchas que en su momento le dieron fama a Las Tolas. Pero al igual que Caiza, se lamenta por la falta de atención reflejada en las veredas descuidadas y hasta en la inseguridad que reina en la zona.
De la calle principal de este sector se desprenden más de 10 estrechos pasajes únicamente peatonales. Al inicio de cada uno está el letrero con su nombre respectivo y al ingresar se observa una larga hilera de casas pegadas una a la otra. En la parte más alta del barrio, esos pequeños pasadizos son focos de la delincuencia.
Fanny Díaz, vocal de la Junta Parroquial de Pomasqui, cuenta que la situación de este sector no les es ajena a la parroquia de 40 barrios de los cuales apenas seis han sido regularizados. Hace poco, dice Díaz, por ejemplo, recién entregaron las escrituras al barrio Santa Teresita ubicado en las faldas del cerro Casitagua.
Díaz afirma que los trámites de legalización se estancan en el Municipio, por lo que muchos moradores optan por organizarse para arreglar las calles y blindarse de la delincuencia. Cuenta que desde la Junta no pueden contribuir con más presupuestos para esos fines porque lo que tienen al año apenas les alcanza para cumplir con sus actividades.
Antes que el Pleno del Concejo Metropolitano apruebe los asentamientos de la capital, la Unidad Especial Regula tu Barrio realiza un trabajo técnico y legal para verificar los requisitos de cada solicitud. Al mes se revisan entre seis y siete pedidos de asentamientos.
Paúl Muñoz, encargado de esta Unidad, explica que una vez identificado el lugar y la revisión respectiva, la presentación al Concejo tarda entre cinco y seis meses. Pero muchos de esos procedimientos, afirma, no se finiquitan ante la falta de documentos que no consiguen los propietarios.
Para acceder a la regularización los requisitos indispensables son las escrituras que deben tener todos los propietarios de los predios, contar con al menos el 35 % de consolidación o de ser habitado, el fraccionamiento debe tener al menos 11 lotes y que los moradores se queden en esos predios al menos durante cinco años.
En todo el Distrito se han identificado 416 asentamientos irregulares. En los últimos dos años se han emitido 98 ordenanzas de regularización y otras 50 están en proceso.
En el caso de los barrios de Pomasqui, Muñoz asegura que ya han tenido varios acercamientos con sus moradores pero que no pueden hacer más si es que no cuentan con todos los documentos. También recalca que muchos asentamientos están en zonas ecológicas o de riesgo y que no son susceptibles de regularización.
Los dirigentes de Las Tolas reconocen que la falta de escrituras sí ha detenido el proceso de legalización pero afirman que no han dejado de pagar los impuestos que exige el Municipio, y que cada año aumentan, pese a no tener ningún beneficio directo de esos pagos.
Muñoz insiste en que si bien los problemas que existen al interior del Concejo Metropolitano han generado una pausa en la aprobación final de varios asentamientos, el trabajo previo de revisión de cada zona no se ha detenido.
El objetivo de esta Unidad es que en este año se regulen al menos 60 de estos espacios.