La renovación de la Corte Constitucional
El proceso de selección de tres nuevos magistrados está a cargo de una comisión especial. La probidad y la experiencia de los postulantes son requisitos mínimos para aspirar al cargo.
Al acalorado ambiente político que se vive en el Ecuador, con advertencias de ‘muerte cruzada’ de por medio, se suma un proceso que sin duda se constituye en un pilar fundamental para el cumplimiento de la norma suprema del país, la Constitución.
La Corte Constitucional (CC) se alista para su primera renovación y para ello se lleva a cabo un proceso de selección, con base en las ternas de candidatos que deben enviar las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social.
Esas nominaciones serán analizadas por una comisión especial conformada para impulsar ese proceso, cuyos integrantes deben velar por la probidad de los aspirantes a ser magistrados constitucionales.
Los actuales nueve jueces de la CC iniciaron sus funciones el 5 de febrero de 2019. La Constitución establece que el ente se renovará por tercios, cada tres años: el cambio se debe realizar el 5 de febrero de 2022.
De acuerdo con información preliminar que maneja la Comisión Calificadora, existen algunos incumplimientos en cuanto a los requisitos que deben tener los aspirantes, sobre todo en su experiencia en materia constitucional. A eso se añade el retraso en el envío de las ternas.
Estas observaciones muestran, de alguna manera, la falta de compromiso en la designación de aspirantes para la integración de una instancia que demanda solidez institucional.
La historia reciente del país muestra cómo determinados jueces que integraron la CC estuvieron envueltos en actos judicializados y con sentencias de la Corte de Justicia.
La designación de nuevos integrantes del más alto Tribunal de justicia constitucional es una responsabilidad que trasciende. Quienes hasta el momento se desempeñan en esos cargos, con errores y aciertos, han sido partícipes de un proceso de reinstitucionalización de la CC.
En manos de las tres funciones del Estado está la responsabilidad de proponer a las personas más capaces e idóneas para integrar la Corte. Al país no le debe quedar la duda de que será un proceso transparente y sin ningún interés político de por medio.