La sensatez necesaria
El Gobierno ha cuestionado la legitimidad de la decisión del CAL, que no admitió a consideración de la Asamblea Nacional su proyecto de Ley Creando Oportunidades de empleo en el país. Y se argumenta también que la decisión tomada por la instancia legislativa rebasa sus atribuciones. Mientras, el país debe llevar a cabo reformas tributarias, laborales y fiscales a fin de obtener recursos por parte del Fondo Monetario internacional, que aliviarían la caja fiscal en el corto plazo.
El CAL sustenta su decisión en el incumplimiento de los dispuesto por el artículo 136 de la Constitución de la República, que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Las voces contrarias argumentan que existe una relación estrecha entre todos los aspectos que integran el funcionamiento del sistema económico, por lo que el conjunto de reformas propuestas se encuentra en dirección al objetivo de creación de empleo.
Y se suman también fuertes calificativos tendentes a descalificar la calidad de la Asamblea Nacional, que estaría, en su criterio, asumiendo una actitud obstruccionista a la labor del Ejecutivo.
En rigor, un examen del documento permite encontrar en el proyecto presentado una larga lista de reformas especialmente de carácter laboral y tributario que, en su conjunto – sin considerar lo esencial de su contenido- no confluyen hacia un tema central claro, en donde las reformas propuestas denoten una capacidad directa para alcanzar los fines propuestos. En ese sentido, no puede considerarse que el proyecto se refiere a una materia específica, como es la generación de empleo.
Pero el debate sobre la consistencia técnica del Proyecto de Ley no resuelve lo fundamental del momento difícil que se avecina para el país. Un nuevo proyecto, actualizado con las adecuaciones necesarias que demuestren el alineamiento de las reformas planteadas hacia la creación de nuevos puestos de trabajo puede ser bien logrado con la intervención de la capacidad técnica del Ejecutivo. Lo importante es la voluntad política del Legislativo y del Ejecutivo para encontrar fórmulas que permitan una convergencia hacia la adopción de políticas que respondan efectivamente a la necesidad de solucionar el desempleo.
La presentación de un proyecto actualizado será una señal de respeto a la división de funciones de los Poderes del Estado. Dará lugar así al debate sobre la capacidad de las reformas tributaria y laboral propuestas para generar empleo, y para acortar las desigualdades cada vez más profundas. Cualquier otra alternativa –aprobación del proyecto por el ministerio de la ley o llamado a consulta popularserá desgastante para el país, por su alto costo político, social y económico.
Es hora de debatir con espíritu democrático, abandonando posiciones sectarias y la arrogancia de pretender poseer la verdad; se requiere la sensatez necesaria para comprender el momento político del país y actuar en función de sus intereses.