¿En manos de quién estamos?

Un vecino tiene miedo de sacar su carro porque un par de veces, sin motivo alguno, lo han detenido en la carretera, donde los agentes de tránsito exigen dinero a cambio de no levantarle una multa; las carreteras de Ecuador son el escenario propicio para el chantaje. El producto de ese delito iba (o sigue yendo, según denuncia pública y confesa), en gran parte, a los bolsillos de varios asambleístas. Miles de usuarios llegan a hospitales de la seguridad social, donde para sus dolencias se ha unificado la medicina para sus tratamientos: el paracetamol sirve para tratar toda la patología existente en el país. En tanto, los afectados por el cáncer u otra enfermedad catastrófica agonizan o ya han muerto porque sus medicamentos no son adquiridos por el Estado, que debe velar por ellos. Allí, en esos lugares, que también les tocó en suerte de ruleta de feria a otros asambleístas, se juega con la vida y miles murieron y siguen muriendo por falta de medicina durante la pandemia. Prefirieron comprar mascarillas de uno en doce dólares para llenar sus bolsillos y nada les importa la vida, o la muerte, de miles (igual historia se dio en los hospitales del Ministerio de Salud). Otro asambleísta, detenido porque se ferió la plata del hospital de Pedernales, con la venia del Ejecutivo y con varios del Legislativo, nos ha demostrado que no queda nada por escandalizarnos. Mientras la vida se vuelve una lucha titánica por falta de previsiones, el mandatario permite que la deuda externa sea tratada de manera misteriosa y los recursos que podían haber salvado gente y permitido reactivar ciertos sectores, se haya ido, quién sabe para dónde, por caprichos de un ministro. Y otro ministro le ha contado al mundo que somos un país en el que la pandemia se manejó de manera que somos paradigma de la región. Y el presidente no le ha dicho nada, cuando faltan 33 cadáveres por localizar en Guayaquil y sincerar las cifras de muertos, con dolor, la más alta del mundo tomando en cuenta la relación con la población. Centenares de jóvenes clamaban por un puesto en la administración pública y se los pidieron a quienes ellos auparon al cargo de asambleístas; cumplieron con las aspiraciones juveniles, a cambio de un porcentaje mensual de sus sueldos. Como diezmeros se los ha calificado a quienes incurren en esos atracos. Y la misma Asamblea, representante de ese pueblo muerto, enfermo y estafado, se niega a juzgar a quienes siguen ocupando sus curules, alcahueteando a muchos delincuentes. ¿Y Contraloría, Fiscalía y Judicatura? Haciéndole el juego a los poderosos. Y no sorprende que haya candidatos con grilletes y presos. ¿En manos de quién estamos en Ecuador?