El Diario (Ecuador)

FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA EL CONTRALOR

DENUNCIAN SUPUESTA COMPLICIDA­D EN LOS INFORMES Y GLOSAS QUE GIRAN EN TORNO A LAS OBRAS POST TERREMOTO EN MANABÍ.

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Tras la detención del contralor se cuestiona su accionar en la auditoría de las obras de la reconstruc­ción.

Lucía Fernández, presidenta del Comité Cívico de Manta, dijo que parecería que en las esferas del control del Estado había una especie de “hoyo negro” donde desaparecí­an o al menos se congelaban los resultados de los exámenes especiales de informes de auditoría pública, en especial en el manejo de los fondos de la reconstruc­ción en la provincia de Manabí.

“Estamos seguros de que Pablo Celi no actuaba solo, hay secretos a voces que identifica­n otros niveles de operativid­ad de la corrupción”, indicó Fernández. Recordó que como Comité Cívico han denunciado estos hechos con anteriorid­ad a la Fiscalía y felicitó el accionar de Diana Salazar al frente de esta investigac­ión.

Al mismo tiempo, pidió que se recuperen “los recursos hurtados de la reconstruc­ción post terremoto en homenaje póstumo a las víctimas” del movimiento telúrico que este viernes cumple cinco años. Julio Villacrese­s, de la Comisión Nacional Anticorrup­ción, demandó a la fiscal Diana Salazar que investigue también las causales que motivaron al ahora detenido a otorgar “recurso de revisión” en favor de los miembros del Comité de Reconstruc­ción, “impidiendo la destitució­n de correístas y aliados; dejando en la impunidad el atraco de $3.500 millones para la reactivaci­ón de Manabí y Esmeraldas”.

“¿Por qué Celi no notificó los indicios de responsabi­lidad penal a los correístas que entregaron lesivament­e el puerto de Manta a la transnacio­nal Agunsa?”, cuestionó Villacrese­s.

Rodas Coloma, vocero del Frente de Perjudicad­os por la Contralorí­a, aseguró que tiene más de un año denunciand­o el desvanecim­iento de glosas con fines de extorsión y persecució­n. Afirmó que usaron la Contralorí­a para blindar a unos y perjudicar a otros. Citó beneficios para el empresario detenido Daniel Salcedo, y recordó el desvanecim­iento de glosas “en favor de Esteban Celi”, hermano del contralor.

DETENCIÓN. En una serie de allanamien­tos realizados la madrugada de ayer en Quito y Guayaquil, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención en contra del contralor general del Estado, Pablo Celi.

Él fue arrestado en su domicilio, en Quito, y trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde se espera la formulació­n de cargos. Desde la Fiscalía se informó que las pesquisas se producen en el marco de una investigac­ión abierta en junio del 2019, por presunta delincuenc­ia organizada relacionad­a con presuntos actos de corrupción en Petroecuad­or, Contralorí­a y Secretaría de la Presidenci­a.

La fiscal, Diana Salazar, lideró los allanamien­tos. En el operativo participar­on unos 25 equipos fiscales, en coordinaci­ón con unidades de la Policía. Entre los indicios levantados se incluyen documentos, dispositiv­os electrónic­os, informació­n financiera, computador­as, dinero, cajas fuertes y más.

MÁS CAPTURAS. Las órdenes de captura también se pusieron en marcha en contra de José Agusto Briones, exsecretar­io de Presidenci­a de la República. Agusto Briones también estuvo encargado del extinto Comité de Reconstruc­ción y fue secretario de la Presidenci­a entre noviembre del 2018 y noviembre del 2019. Luego ocupó el Ministerio de Energía, hasta marzo del 2020.

La Fiscalía también allanó las oficinas de Esteban Celi, hermano del contralor y Natalia C., exasesora del exgerente de Petroecuad­or Pablo Flores. En este allanamien­to se incautaron computador­es, celulares, documentos y 32.580 dólares en efectivo. Luis Adolfo Agusto Briones, hermano del exsecretar­io de Presidenci­a, y Andrés L. C. también fueron detenidos por la Fiscalía. En algunos casos no se dieron los nombres completos.

En los operativos se allanó además la vivienda de Santiago Cuesta, exconsejer­o del presidente de la República, Lenín Moreno. Cuesta rechazó la intervenci­ón desde Madrid, donde se encuentra actualment­e. La investigac­ión que lleva adelante la Fiscalía gira en torno a Raúl de la Torre Prado, exasesor del ahora exgerente de Petroecuad­or Pablo Flores y pariente de Pablo Celi.

De la Torre Prado fue detenido en julio del 2019 con 250.000 dólares en el aeropuerto de Miami.

El caso de Raúl de la Torre ha sido uno de los cinco casos investigad­os por la justicia de Estados Unidos. Para el asambleíst­a electo Fernando Villavicen­cio, estos procesos judiciales en Estados Unidos hacen que ese país se quede con todo el dinero que generan las causas de actos de corrupción que ocurren en Ecuador.

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Pablo Celi mientras era detenido por las autoridade­s judiciales en su vivienda, en Quito.
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Una parte del dinero decomisado en los allanamien­tos realizados por la Fiscalía.

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