8 SENTENCIADOS POR OBRA QUE TENÍA FONDOS DEL 16A
MANABÍ. DE LO QUE CONOCIÓ EL DIARIO, POR EL MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN NO HAY PROCESADOS, PERO ESTÁ EN MARCHA UNA INVESTIGACIÓN.
Cerca de 5 millones de dólares de lo recaudado por la Ley de Solidaridad, fueron destinados para un plan de reforestación.
El proyecto había sido planificado en el 2014 por el Ministerio del Ambiente y se firmaron convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Cantonales y Parroquiales, pero el proyecto no fue ejecutado hasta agosto del 2016, cuando el Secretario Técnico del Comité de la Reconstrucción solicitó al Ministro de Finanzas y a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), la autorización y asignación de recursos para el Ministerio del Ambiente. La solicitud fue por 5’704.637,21 dólares, pero luego se modificó por 4’982.216,82 dólares. La Contraloría concluyó que el Presidente y el Secretario Técnico del Comité de la Reconstrucción; el Ministro del Ambiente, consideraron como prioritario y de atención emergente al Programa Nacional de Reforestación, planificado desde el 2014, con una duración de 10 años y lo incluyeron dentro del segundo eje fundamental de intervención y reconstrucción, “sin evidenciar los procedimientos y características para considerarlo dentro del mismo; sin verificar que se encuentre directamente relacionado con el objeto de la Ley Orgánica de Solidaridad”.
TRANSFERENCIA. Otro examen de la Contraloría señala que en julio del 2016, el Ministro de Finanzas autorizó transferir $120 millones de la cuenta Ley de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única, fondos que permanecieron por cuatro meses, con los cuales se efectuaron varios pagos de gastos corrientes. Tras el examen de Contraloría, se depositó el valor en las cuentas de las diferentes entidades financieras de la banca pública, para financiar operaciones de crédito en actividades productivas de las zonas afectadas.
En otros exámenes, la Contraloría ha detectado gastos no justificados, compras sin estudio previo; adquisiciones de bienes y servicios sin documentación completa; contratos de obras que no cumplieron las condiciones para ser adjudicadas bajo el proceso de emergencia. Según los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Manabí, también hay un informe con indicios de responsabilidad penal.
DENUNCIA. A pesar de estas observaciones realizadas por el manejo del dinero recaudado por la Ley de Solidaridad, a cinco años del terremoto solo hay una denuncia formal en la Fiscalía.
Mediante correo electrónico, El Diario solicitó información a la Fiscalía para conocer las investigaciones que lleva a cabo y los avances, pero se informó que a partir de este lunes remitirán la información. También se excusaron de participar en una entrevista con la fiscal general, Diana Salazar, “debido a la complicada agenda”.
Una única denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía en febrero del 2020 por el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Francisco Bravo, “por presunto delito de delincuencia organizada, en contra de los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que participaron en la reunión del 22 de mayo de 2017, donde se aprobó el destino de 2.946 millones de dólares”. La denuncia sigue etapa de investigación previa.
Según documentos a los que tuvo acceso El Diario, la Fiscalía citó a varias de las personas que participaron en dicha reunión para que rindan su versión vía telemática, este lunes y martes, entre ellas está el exsecretario técnico de Carlos Bernal Alvarado.
CASO PEDERNALES. Los dos primeros contratos del Hospital de Pedernales se hicieron con recursos de la Ley de Solidaridad. Estaban presupuestado $22,7 millones para la infraestructura y el equipamiento. En el segundo contrato, el Consorcio Pedernales -al que le fue adjudicada la obra- recibió $8,2 millones de anticipo. Dentro de este proceso, la Fiscalía realizó una investigación que en noviembre del 2020 logró sentencia para ocho de las 13 personas que eran procesadas por el delito de delincuencia organizada.
En este grupo están el exasambleísta Daniel Mendoza, a 50 meses de prisión; Jennifer Cobeña, excoordinadora del Secob; Ángel Andrade, exservidor del Secob; y José Santos, (colaborador cercano a Mendoza), a 40 meses de prisión. René Tamayo, exdirector del Secob; Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza; Franklin Calderón, constructor manabita; y José Véliz, titular del Consorcio Pedernales, a 34 meses de prisión.