EL GOBIERNO DEBERÍA ASUMIR $104 MILLS.
AGUA. ES EL MONTO QUE SE NECESITA PARA CUBRIR EL CRÉDITO Y DOTAR DE AGUA POTABLE A ZONAS RURALES, EL RESTO ES DONACIÓN.
Si el Gobierno Nacional asume la deuda por $ 104 millones para el agua potable de la zona rural, el GAD podrá financiar otras obras.
ESTAMOS CLAROS QUE AUNQUE EL GOBIERNO ASUMA LA DEUDA, TENEMOS QUE PAGAR EL SERVICIO, QUE SERÁ DE CALIDAD”.
LA CONSULTORÍA DEL CIAL CONTEMPLA UN ANÁLISIS JURÍDICO Y TRIBUTARIO DE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO”
Ese fue uno de los pedidos que el alcalde, Agustín Casanova, le hizo al presidente Guillermo Lasso, en su visita a Portoviejo. El plan de agua potable para las parroquias rurales y zonas dispersas cuesta 122 millones de dólares, pero son 104 millones los que el GAD deberá pagar. La diferencia son donaciones. El crédito es con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $27,50 millones; con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por $59,89: y, con la Cooperación Española FONPRODE por $17 millones. “Pedimos que el Gobierno asuma el pago de esa obligación y nosotros tomamos los proyectos del plan sanitario para las ciudadelas del norte y la planta de tratamiento de aguas residuales. Para eso requerimos que se nos asigne cupo de crédito con el multilateral y que se nos otorgue aval soberano”. Añadió que con esto “el GAD queda liberado para otros proyectos, podemos volver a endeudarnos para las obras que faltan en Portoviejo y solucionamos su problema hidrosanitario por lo menos 40 años”. “Vamos a armar la hoja de ruta con quien el presidente ha delegado, para ir delineado las acciones”, añadió.
CIAL. Sobre el Complejo Industrial, Agropecuario y Logístico (CIAL), el pedido fue que se otorgue el aval soberano para que el municipio pueda endeudarse por $20 millones para la primera fase del proyecto. Además, se pidió la declaratoria de régimen especial tributario para esta zona de desarrollo, para que sea atractiva para futuras inversiones, mencionó. El estudio del CIAL se elabora mediante convenio entre el municipio y el Gobierno Provincial de Manabí (GPM), por un monto de $579.980, financiados en partes iguales por ambas instituciones.
Tatiana Pacheco, directora de Fomento Productivo del GPM, indicó que la consultoría, contratada por el municipio, debe estar terminada en febrero del 2022. Por lo pronto ya se cuenta con el estudio de factibilidad, que es uno de los 9 productos de la consultoría, pero no se podrá hablar de una posible ubicación mientras no esté terminado todo el trabajo.
EXPECTATIVA. El encuentro con el presidente genera esperanzas en los habitantes de las zonas que se beneficiarían de los proyectos. Gabriel García, presidente del GAD Parroquial de San Plácido, dijo que si el Gobierno Nacional asume la deuda, sería muy beneficioso para el cantón. “El municipio podría hacer otras obras en las zonas urbana y rural, a la par que nosotros recibiríamos agua de calidad que pagaríamos gustosos, pero también pedimos que se subsidie considerando el nivel económico de las familias de la zona rural”, añadió. María Cedeño, que vive en La Fortaleza, atrás del Registro Civil, recordó que el plan hidrosanitario para la zona norte es un ofrecimiento desde el terremoto, que esperan que por fin se pueda financiar. “Estamos cansados de que en cada invierno fuerte el agua nos llegue hasta el cuello, de vivir entre aguas negras”, indicó.
PLAN. El gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, quien estuvo en la reunión con el alcalde, dijo que el presidente ratificó su apoyo a los proyectos de agua y tratamiento de
aguas residuales. “Se ha quedado en trabajar con el alcalde, “para ver la viabilidad de los proyectos, conocer en detalle el planteamiento para coordinar con las carteras de Estado, y encontrar el mejor mecanismo para llevar adelante proyectos de esta naturaleza”, expresó.