Red al servicio del narco 14
FUNCIONARIOS judiciales y policías formaron organización delictiva que garantizó la impunidad, seguridad y confort a Leandro Norero.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, en su argumentación sobre el caso “Metástasis”, presentó 14 mil páginas de chats que Leandro Norero, narcotraficante asesinado en octubre del 2022, mantenía con funcionarios judiciales, policías y abogados que estaban a su servicio a cambio de grandes cantidades de dinero.
“Como buen criminal, Leandro Norero registraba todas las negociaciones que hacía a través de su teléfono celular, exigía a los miembros de la cúpula que eliminen los mensajes, pero él guardaba toda la evidencia”, afirmó Salazar, quien lideró una investigación que arrancó con la muerte del delincuente, ocurrida en el interior de la cárcel de Cotopaxi, momento en que las autoridades tuvieron en sus manos sus aparatos electrónicos.
Los montos pagados por Norero a jueces y policías iban desde 5.000 dólares o la entrega de joyas por un valor equivalente, hasta 500.000 dólares, esta última cantidad era el pago por el otorgamiento de habeas corpus.
Uno a uno, la fiscal Salazar explicó la implicación de los 31 procesados que lograron ser
capturados, la mayoría de los jueces recibió coimas a cambio de fallos o asesoría que le brindaban al narco cuando presentaba causas legales para quedar libre, para que le devuelvan sus bienes o para que le beneficien a sus familiares.
Dentro de quienes lo asesoraron a cambio de dinero se encuentra precisamente Wilman Terán, actual presidente
del Consejo de la Judicatura, quien habría incurrido en esta práctica durante el tiempo que fue juez de la Corte Nacional de Justicia.
Según registros fotográficos, Terán incluso recibió a uno de los operadores de Norero, Helive Angulo, quien lo visitó para recibir asesoría sobre cómo presentar un habeas corpus en favor de Israel Norero, hermano del narcotraficante, por el que iban a pagar 450.000 dólares.
Dentro de los jueces que colaboraron con Norero están: Ronald Guerrero, de Garantías Penales de Guayas; Adolfo Gaibor y Johann Marfetán, de la Corte Provincial de Guayas; Glenda Ortega Marcial, de la Unidad Multicompetente de Samborondón; Santiago Zumba y José Luis Segovia, de la Corte Provincial de Cotopaxi; Emerson Curipallo y Ángel Lindao, de la Corte Provincial de Santo Domingo; y Carlos Zambrano Navarrete, de la Corte Provincial de Manabí.
Judiciales
También participaron funcionarios judiciales: Christian Sánchez, secretario de la Unidad Judicial Norte 2 de Guayas; Mayra Salazar, técnica de Comunicación de la Judicatura en Guayas; y Álex Palacios, excoordinador de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y actual director provincial de Chimborazo, procesados tienen medidas alternativas, como prohibición de salir del país y presentaciones periódicas; entre estos, Pablo Ramírez, exdirector del SNAI.
era la mano derecha de Wilman Terán.
La Fiscalía no se libró de la contaminación del narcotraficante, los agentes eran los encargados de modificar delitos y retirar acusaciones. ¿Qué pasaba si no colaboraban? Corrían la suerte de la fiscal Lidia Saravia, que lo acusó de lavado de activos, a quien no pudo corromper y contra quien planificó un atentado y le iba a realizar depósitos sin su consentimiento, para acusarla de corrupción.
En la exposición de las pruebas la fiscal general mencionó también a personajes de la política, entre estos Agustín Intriago, exalcalde de Manta asesinado en julio pasado, quien permitió el uso del Municipio para ejecutar delitos. Quito.- (ASM)-(I)