Argentina no renovará 5.000 contratos y revisará los planes sociales
Buenos Aires.- El Gobierno de Argentina no renovará alrededor de 5.000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó ayer el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Adorni también anunció que los contratos públicos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz precisó que esta medida afectará a todos los empleados transitorios de la Administración federal y a los de diversos entes públicos de Argentina, y que sólo estarán excluidos los trabajadores de las empresas y las sociedades estatales.
Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).
“Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó Adorni.
El objetivo del Gobierno argentino es “transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que (los planes sociales) dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales”.
Cascada de demandas
Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.
La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente. (EFE)-(I)