Llamado de atención
En Ecuador, los 4 últimos gobiernos han usado el mecanismo de la democracia directa de la consulta popular (Correa, Moreno, Lasso y ahora Noboa), para preguntar a la ciudadanía cuestiones relativas a referéndums (enmiendas constitucionales) y plebiscitos (leyes de especial importancia o medidas políticas de relevancia para la sociedad). Sin embargo, en su mayoría escondían su real intención, servir de encuestas para medir la popularidad del gobernante de turno.
A la fecha, el presidente Daniel Noboa A., con el propósito de cumplir sus promesas de campaña, remitió a la Corte Constitucional para el respectivo control automático, 10 preguntas relativas a seguridad y una supuestamente relacionada con la reactivación económica (casinos).
No obstante, frente a las mismas, los expertos coinciden en que estas podrían resultar inoficiosas, pues otros cuerpos normativos recién reformados (COIP, Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, entre otras), ya se refieren a las materias propuestas por el Ejecutivo, e incluso, recientemente la Asamblea Nacional, aprobó en segundo debate la reforma parcial del art. 158 de la Constitución, relativa al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, y esta sí, debería ser ratificada o no a través de referéndum por parte de la ciudadanía.
Por lo expuesto, no sería de extrañar que algunas preguntas no superen el filtro de la Corte Constitucional, debido al art. 105, numeral cuarto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, que dispone que: “…La propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico”.
Mientras que, en el resto de las preguntas, bien podrían ser tramitadas de manera regular por parte de la Asamblea Nacional, en virtud de la mayoría que el gobierno de turno mantiene con otras fuerzas políticas al interior del Legislativo.
El país vive momentos de incertidumbre e inseguridad, en los que es necesario un verdadero pacto nacional, para ello es necesario que el presidente de la República rectifique, a través del archivo de su propuesta de consulta y convoque a los distintos actores para que aporten en la elaboración de preguntas que de verdad contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (O)