La Constitución lleva doce años en vigencia, pero se la ha reformado ya tres veces
En la Asamblea Nacional se tramitan nuevas reformas constitucionales planteadas por un colectivo ciudadano. Según el jurista Iván Castro, la Carta Magna ha tenido 34 reformas.
El 15 de enero de 2007, en su discurso de posesión como presidente, Rafael Correa anunció que su primer eje de Gobierno sería la “revolución constitucional”. Un año y nueve meses después resaltaba en cadena nacional que la “patria renacía” con la vigencia el 20 de octubre de 2008 de la nueva Carta Magna, aprobada mediante consulta popular y elaborada por la Asamblea Constituyente.
Un texto constitucional que, según el correísmo, era uno de los más completos y duraría unos 300 años. Sin embargo, en el 2011, tres años después de vigencia, tuvo su primer paquete de reformas relacionadas con el sistema judicial. El segundo vendría en el 2015 cuando la Asamblea Nacional daría paso a un proyecto de enmiendas relacionadas con la participación, que luego fueron derogadas; y, en el 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, el pueblo volvería a las urnas para aprobar en una consulta popular un tercer paquete de reformas centradas, según el Ejecutivo, en el combate a la corrupción.
Y en breve podría sufrir una cuarta modificación. En la Asamblea Nacional se alista un informe para segundo debate sobre un nuevo paquete de reformas constitucionales relacionadas con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la bicameralidad del Parlamento y la independencia de la Función Judicial.
Constitucionalistas consultados coinciden en señalar que
Dos enmiendas se hicieron con consultas populares en el 2011 y el 2018.
las primeras modificaciones permitieron una concentración de poderes por parte del Ejecutivo y una “metida de mano a la justicia”. Para unos, los tres paquetes de reformas no fueron sustanciales y estuvieron orientados a favorecer a grupos políticos. Para otros, sí hubo cambios que fortalecieron la garantía de derechos.
El 7 de mayo de 2011 se realizó una consulta popular y referéndum, impulsada por Correa, que buscaba frenar lo que considera un sistema judicial corrupto. Se plantearon diez preguntas, cinco proponían cambios en la Constitución.
La cuatro y la cinco estaban relacionadas con crear un Consejo de la Judicatura en Transición y modificar la composición del CJ.
La una y la dos estaban relacionadas con el cambio de plazos de la caducidad de la prisión preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas de la prisión preventiva solo en los delitos menos graves. La tercera impedía relación accionaria entre medios de comunicación social y las instituciones financieras.
En diciembre del 2015, el pleno de la Asamblea Nacional, con el voto de cien legisladores oficialistas, aprobó un paquete de enmiendas. Entre los temas planteados constaban la reelección indefinida, la comunicación como servicio público, la edad presidencial, misión de las Fuerzas Armadas, y otros. El 1 de agosto de 2018, este paquete fue derogado por la Corte Constitucional.
El 4 de febrero de 2018, en la presidencia de Lenín Moreno, se le consultaron a la ciudadanía cinco preguntas de referéndum y dos preguntas de consulta para modificar la Constitución.
Los resultados de ese proceso dieron paso a reformar ocho artículos y dos disposiciones generales, entre ellos, el artículo 114 que estableció la reelección por una sola vez de las autoridades de elección popular y el inciso segundo del 144 que señala que “la presidenta o presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez”.
También el cese de funciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la instalación de un Consejo en transición, y cambios en la manera de elegirlos en adelante.
De acuerdo con el constitucionalista Iván Castro, la Constitución de Montecristi ha sido objeto de 34 reformas que han afectado a un total de 29 artículos, 2 disposiciones generales, 2 transitorias y 1 del régimen de transición.
Explica que en el 2011 vía referéndum se reformaron 5 artículos, pero el artículo 77, referente a las garantías en caso de privación de libertad, se lo reformó en 3 numerales distintos. Se reformaron también 2 disposiciones transitorias y 1 del régimen de transición.
En el 2015 vía Asamblea Nacional se reformaron 14 artículos. Todas estas reformas a excepción de las que se referían a la reelección indefinida (artículos 114 y 144) fueron declaradas inconstitucionales por la forma, en la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional.
Castro sostiene que todas se han tramitado como que si fuesen enmiendas, cuando en realidad algunas de ellas requerían de trámites distintos, más exigentes en cuanto a sus requisitos. “Sin duda (las modificaciones) han obedecido más a intereses políticos. Para disfrazar los propósitos políticos han intercalado preguntas o reformas relativas a aspectos de interés ciudadano, como la lucha contra la corrupción y la imprescriptibilidad de ciertos delitos”.
Para el también constitucionalista Ismael Quintana, el primer paquete de reformas en el que se incluyó la modificación de la regla original de integración de la Judicatura le permitió al Poder Ejecutivo una participación muy directa respecto de la designación de este organismo.
Señala que el espíritu de las enmiendas del 2015, que tuvieron un periodo de vigencia muy corto, probablemente son las que menos buscaron concentrar el poder.
Dice que los cambios más importantes son el haber dejado sin efecto la reelección indefinida y la pérdida de los derechos políticos para quienes obtengan una sentencia condenatoria ejecutoriada, acceder a cargos públicos, contratar con el Estado.
Dice que en estos doce años de vigencia de la Constitución no se han dado modificaciones constitucionales impulsadas desde la ciudadanía.
La única al momento es la que se está tramitando en la Asamblea Nacional, propuesta por el Comité para la Institucionalización Democrática.
El constitucionalista Kléber Sigüencia destaca la protección de los derechos de niños,
La enmienda que realizó la Asamblea en el 2015 fue derogada en el 2018.
niñas y adolescentes en relación con los delitos contra la naturaleza sexual que se introdujo en la consulta popular del 2018.
Sigüencia señala que otro punto positivo fue la enmienda que no permitió la reelección indefinida. “Habría sido bastante desastroso porque habría sido el caballo de Troya para garantizar la perennización en el poder atentando contra el principio de la alternabilidad que es garantía de la democracia”, expresa. (I)