Bolsas para cadáveres: hay 9 acusados
Daniel Salcedo está entre los procesados por el delito de peculado.
La fiscal Claudia Romero emitió ayer su dictamen acusatorio contra nueve personas procesadas por el delito de peculado por la compra con sobreprecio de 4.000 bolsas para embalaje de cadáveres que suscribió en pleno pico de la pandemia (abril) el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Los Ceibos.
Se adjudicó el contrato a un precio de $ 148,50 por cada paquete que supuestamente incluía dos bolsas, cuando en el mercado su valor por unidad era de $ 12, aproximadamente.
La adquisición fue ejecutada como parte de una contratación por un valor de $ 870.000 en las primeras semanas de la emergencia sanitaria.
La Contraloría semanas después detectó sobreprecios de más de 1.300 % en la compra de las bolsas de embalaje.
En mayo se realizaron varios allanamiento y se apresó a funcionarios de la casa de salud y a los representantes de la empresa Silverti S. A., que fue adjudicada con el contrato.
Algunos funcionarios y empresarios están procesados desde mayo.
Además se informó que en esa adquisición no se llamó a otros proveedores, sino que fue un trato directo.
Semanas después se conoció que, según la tesis de la Fiscalía, Daniel Salcedo Bonilla era el beneficiario de ese contrato. Ahora la fiscal intentará probar en las próximas audiencias que Silverti realizó transferencias a otras empresas y estas a su vez a más compañías, una de ellas relacionadas a Salcedo, quien además es investigado por otros contratos irregulares en hospitales del Seguro Social.
Por eso se lo vinculó al caso y hoy está entre los procesados. En esa lista están también: Susana M., la entonces gerenta del hospital y quien está presa desde mayo. Además, se vinculó a otros funcionarios del hospital, a los representantes de la empresa Silverti S. A.
Ayer en la audiencia preparatoria de juicio se escuchó a los abogados de cada uno de los involucrados.
José Romero, quien defiende a Daniel Salcedo, dijo que su cliente no tiene relación con el IESS, que la Fiscalía no puede probar eso.
Otro de los abogados alegó que no hubo desembolso del dinero y que por lo tanto no hubo delito. Sin embargo, parte del contrato fue pagado, pero
La Contraloría detectó sobreprecios de más de 1.300 % en la compra.
las cuentas están congeladas hasta que termine el juicio.
El juez Reinaldo Cevallos realizó dijo haber analizado los alegatos sin hallar violación al debido proceso, por lo que concluyó que es válido. Tras el dictamen, se iban a revisar las medidas de los procesados. (I)