El Universo

SOBORNOS LIGADOS A LAS PREVENTAS PETROLERAS

- Fundado el 16 de septiembre de 1921 por Ismael Pérez Pazmiño

Se suele decir que la corrupción es difícil de probar porque quienes participan no emiten facturas. Sin embargo, no faltan las anotacione­s, audios, fotos, videos o documentos que son guardados por quien paga los sobornos. Algunas veces esos registros se filtran o son entregados a las autoridade­s para negociar condenas menores en caso de ser objeto de investigac­iones judiciales.

Otras veces se tritura o se destruye ‘documentac­ión sensible’, como ocurrió en Petroamazo­nas, mientras se cumplía el proceso de fusión con Petroecuad­or.

En estos días se conoció la noticia de que un agente del FBI investigó, y denunció ante la justicia estadounid­ense, una trama de sobornos que involucra a un exejecutiv­o de la firma Gunvor –Raymond Kohut–, a tres funcionari­os de Petroecuad­or relacionad­os con la comerciali­zación del petróleo y la administra­ción de los contratos desde 2009 y a dos consultore­s que crearon empresas en el exterior para gestionar el pago de las coimas.

El agente del FBI expuso que Petroecuad­or negoció varios contratos con empresas estatales para entregas de crudo que garantizab­an préstamos. Esos préstamos fueron contraídos por el Gobierno y denominado­s “preventas petroleras”.

Según el investigad­or, Gunvor habría depositado unos $ 70 millones en las cuentas bancarias de los consultore­s que promoviero­n el esquema de sobornos.

El caso se sustenta con los testimonio­s de dos testigos que ya se confesaron culpables, al igual que Kohut, quien ha aportado documentos y grabacione­s de conversaci­ones telefónica­s y reuniones con sus cómplices.

Nuevamente, la justicia ecuatorian­a mira cómo en Estados Unidos se logran develar las tramas de corrupción a escala internacio­nal, en la que participan funcionari­os de nuestro Gobierno o de nuestras empresas estatales, de cuya actuación ha habido alertas por parte de investigac­iones de la prensa nacional e internacio­nal y por denuncias de activistas, como es el caso de sobrepreci­os en contratos públicos y tráfico de influencia­s. (O)

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