Sin avances en CPCCS en el concurso para renovar a dos del CNE
La Misión de la OEA sugirió al Estado establecer de "manera clara" la conformación del organismo electoral; los nuevos consejeros deberían ser definidos en noviembre próximo.
Dentro de cuatro meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá renovarse parcialmente, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no arranca ninguna de las etapas relacionadas con la organización del concurso público de oposición, méritos e impugnación ciudadana.
Los consejeros de mayoría del CPCCS están concentrados en pedir una interpretación de la Constitución a la Corte Constitucional para designar un encargado en la Contraloría, luego de que Pablo Celi renunció y designó a Carlos Riofrío como contralor subrogante. Esto en medio de que el reglamento para designar al titular de la Contraloría tampoco se ha sometido a aprobación.
En este contexto, el concurso para renovar a dos vocales del CNE no está en debate.
El artículo 218 de la Carta Política determina que el CNE se integra por cinco consejeros principales y suplentes que ejercerán sus funciones por seis años y se renovará cada tres años: dos miembros en una primera ocasión y tres en la segunda. Los consejeros que salen son escogidos por sorteo público, según una transitoria.
El 16 de noviembre de 2018, el CPCCS de transición renovó a los consejeros principales y suplentes del CNE, como parte de un proceso de evaluación y designación de autoridades.
Las atribuciones de ese régimen de transición permitieron a los exconsejeros modificar las reglas, con lo que los candidatos podían provenir de partidos y movimientos políticos y de organizaciones sociales. Antes del 2018, los reglamentos del CPCCS establecían que los postulantes no po
El Consejo argumenta que ahora empuja la definición de otras autoridades.
dían haber sido parte de organizaciones políticas dos años antes de la postulación.
Los electos fueron José Cabrera, auspiciado por el PSC; Enrique Pita, CREO; Diana Atamaint, Conaie; Luis Verdesoto, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fundamedios y otras organizaciones; y, Esthela Acero, AP. Verdesoto renunció en junio y lo relevó Elena Nájera, auspiciada por Concertación.
Para este nuevo proceso, el Consejo deberá aprobar un reglamento que esclarezca las prohibiciones a los postulantes. Un primer pedido para esto provino del informe de la Misión Electoral de la OEA de los resultados de las elecciones del 2019, en el que se recomendó al Estado establecer de “manera clara” la conformación del CNE “respecto a la afiliación”, y que “esta condición no esté sujeta a un reglamento que dependa del criterio del CPCCS”.
Actualmente no existe una prohibición constitucional para que provengan de grupos políticos, pero el artículo 340 del Código de la Democracia señala que las personas que siendo adherentes permanentes de un movimiento o estando afiliadas a un partido con anterioridad ingresaren a alguna de las funciones del Estado, “deberán desafiliarse”.
El consejero Francisco Bravo reconoció que están concentrados en la elección de las autoridades de la Contraloría, Defensoría Pública, miembros de la Confederación de Soberanía Alimentaria y del Consejo de Desarrollo Fronterizo.
Sin embargo, opinó que deberá revisarse el “espíritu” con el que el transitorio permitió que los concursantes vengan de grupos políticos y conocer cómo han actuado en defensa de la voluntad popular, lo que permitirá analizar los cambios a efectuar en el reglamento.
Para el vocal Hernán Ulloa, el proyecto para elegir a los dos vocales del CNE deberá adaptarse a las circunstancias actuales. “Cualquier participación política en instituciones de control debe manejarse con la ciudadanía. Pero no creo que debe cerrarse la posibilidad de que los sectores políticos puedan participar”, consideró.
El analista Esteban Ron recordó que el CPCCS transitorio tuvo mandatos transitorios, y añadió que la Constitución no manda que los candidatos tengan una prohibición expresa de provenir de partidos, pero el Código señala que los elegidos -antes de ser posesionados- deberán certificar que no son parte de estas agrupaciones.
Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, aclaró que los concursos públicos tienen que estar en regla con la Constitución. “Las normas del CPCCS transitorio no están vigentes, por lo tanto tienen que dictar un nuevo reglamento y convocar al concurso ya. La renovación debe hacerse en noviembre”. (I)