Dilatan procesos

Veo las noticias sobre las dificultades legales que hay para designar un funcionario que reemplace al contralor Pablo Celi, quien es investigado según la Fiscalía General del Estado en el caso denominado Las Torres, por delito de delincuencia organizada; así como también para que deje la Alcaldía de Quito el alcalde Jorge Yunda, quien fuera removido del cargo por una mayoría de concejales, y me pregunto: ¿qué clase de leyes tenemos y qué clase de legisladores hemos tenido que no supieron prever que situaciones así se presenten? Por las informaciones que se publican me percato de que existe una serie de argucias legales (mejor llamar artimañas) para dilatar procesos especialmente cuando se tiene peso político y económico, lo que no ocurre con el pueblo. ¡Hasta cuándo! En vez de tirarse la ‘pelota’, lo que deberían hacer quienes tienen el poder para tomar decisiones, llámense Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decidir quién debe ocupar ese cargo de contralor, y suspender la aplicación de medidas cautelares y demás aclaraciones por parte del Poder Judicial, en el caso del alcalde; para que la Contraloría funcione sin contratiempos y Quito pueda tener una autoridad que trabaje sin oposición política que entrabe su accionar. Y de una vez establecer cuál deberá seguir el proceso legal, en caso de que situaciones iguales vuelvan a presentarse y en todos los casos de nombramientos de autoridades que ocupan altos cargos públicos. (0)

Julio Calero Garcés, Guayaquil