SISTEMA CON ‘MÚLTIPLES FALLAS’

Para la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien también es la presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, la crisis de institucionalidad empeoró cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue eliminado (gobierno de Lenín Moreno), porque la división de funciones entre la Secretaría que dirige y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) dificultó los procesos administrativos.

“La institucionalidad no está clara”, declaró la funcionaria.

Por ejemplo, agregó, todavía no se han identificado los más de 66.000 ítems (bienes) que le corresponde a cada institución ni las nóminas de trabajadores. Los escáneres, en papeles, siguen perteneciendo a la Secretaría y esto impide

“La institucionalidad no está clara”, declaró Bernarda Ordóñez.

su cambio o ejecución de pólizas de seguros.

Actualmente, 82 escáneres están en el “limbo administrativo” y 12 ya se han resuelto.

Luego, a días de terminar el mandato, el gobierno de Moreno dejó aprobada una Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social que, entre otras fallas, delegaba a la Secretaría de Derechos Humanos funciones que no le corresponden.

Las reformas que se hicieron en el 2019 al Código Orgánico Integral Penal (COIP) complican definir los roles de todas las instituciones del sistema que es creado con este instrumento legal. “No dice quiénes integran el sistema y cuáles son las responsabilidades”, agregó la secretaria.

Además, el Directorio que se creó en 2010 por Decreto Ejecutivo (gobierno de Rafael Correa) no definía funciones y en actas consta que, en virtualidad por la pandemia, los integrantes ni siquiera consignaban su voto. (I)