Más del 75 % de los reos del pabellón de la matanza, sin sentencia
Faltan al menos cuatro meses para conocer recién la política pública que implementará el Gobierno ecuatoriano en el sistema penitenciario del país, en crisis y en estado de excepción por “grave conmoción interna”, decretado luego de enfrentamiento entre bandas delictivas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que el 28 de septiembre pasado terminó con la matanza de 118 internos y con más de 70 heridos, de acuerdo con datos oficiales.
Para febrero del 2022 se co
El 28 de septiembre hubo 118 internos muertos y más de 70 heridos.
nocería la ruta a seguir, puesto que hay que hacer un diagnóstico de cada centro, ya que ninguna institución ha incluidos en sus planes operativos anuales a los internos, según la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien también es la presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Así lo sostuvo ayer la funcionaria, que responsabilizó a los gobiernos anteriores por la supuesta inacción y el desinterés en aquel tema, lo cual ha dejado un sistema de rehabilitación social desarticulado y con múltiples fallas por corregir, manifestó.
En su intervención Ordóñez expuso que más del 75 % de los reclusos del pabellón 5, donde se originó la matanza, no tenían una sentencia ejecutoriada, y que el 61,3 % de los asesinados en aquel día tenía entre 20 y 30 años.
Por edades, el 21,7 % de los muertos estaba en el rango de entre 31 y 35 años; y solo el 17 % pasaba de los 35 años.
Asimismo, la mayoría de los fallecidos entre 20 y 30 años había tenido su primera aprehensión policial cuando tenían 11 años y había sido por microtráfico de drogas. A los 15 años ya tenían detenciones por asesinato y violencia extrema, se indicó en la exposición.
El 74 % de los muertos pertenecía al pabellón 5, en el que permanecía alias Fito. Otras de las cifras fueron que el 35 % de ellos registraba delitos por robo y otro 35 %, delitos por tráfico de drogas o sustancias sujetas a fiscalización.
Ordóñez precisó que hasta la fecha, de los 118 presos fallecidos en el considerado peor motín de la historia reciente de Ecuador, se ha logrado identificar a 106, y confirmó que las labores de reconocimiento de la docena restante están prolongándose ante la difícil situación en la que fueron encontrados los cuerpos.
Ella mostró preocupación por lo que denominó limbo jurídico en el que se encuentran de manera general los reclusos. “El 77 % de esas personas eran del pabellón 5, y el 24,5 % tenía
Violencia intrafamiliar y tráfico de drogas, causas comunes para encerrados.
una sentencia, es decir, más del 75 % no tenía una sentencia ejecutoriada que confirme o ratifique su culpabilidad o estado de inocencia”, expuso.
Los delitos más comunes por los que los reos se encuentran recluidos en las cárceles del país, llamadas centro de rehabilitación social, son en un 16,88 % por violencia hacia la mujer y el núcleo familiar, y en un 14,96 % por tráfico de sustancias ilícitas.
“Todos estos problemas tienen una raíz común que es la violencia, y el Estado no ha estado preparado con políticas integrales de prevención”, recalcó Ordóñez.
El sistema que dirige está integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Derechos Humanos, Salud Pública, Relaciones Laborales, Educación, Inclusión Económica y Social, Cultura, Deporte y de la Defensoría del Pueblo.
Probable perfil común
Ordóñez expuso que en un perfil del privado de libertad ecuatoriano, el 71 % completó solo la educación básica y que posiblemente aquel ciudadano experimentó violencia familiar, fueron niños con desnutrición crónica y se iniciaron a temprana edad en el consumo y microtráfico de drogas, una actividad que reportaría ganancias de entre $100 y $ 200 diarios, según estudios policiales y de otras instancias.
Para la prevención de la violencia se requieren $ 18 millones. Y el costo de estos delitos representa el 8 % del producto interno bruto (PIB), mencionó la funcionaria.