Designación de nuevo superintendente pone en apuros al Consejo
El presidente Guillermo Lasso se anticipó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social enviando la terna antes de cumplirse el plazo para que se designe a esa autoridad.
El presidente Guillermo Lasso se adelantó a escoger a sus tres candidatos a dirigir la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tiene aún el reglamento para designar a la nueva autoridad.
Lasso remitió la terna la tarde del jueves pasado, dos días antes de que se cumpla el plazo de 30 días que establece la Ley de Compañías (artículo 436), al configurarse la ausencia definitiva de Víctor Anchundia, al ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional, el 8 de diciembre de 2021.
Víctor Anchundia era el superintendente; fue censurado y destituido.
El consejero Francisco Bravo pidió a la presidenta Sofía Almeida que convoque a la reinstalación de la plenaria del 5 de enero, suspendida “abruptamente” y “sin resolver sobre un tema importante, y que podría acarrear un posible incumplimiento de funciones al no cumplirse los plazos y términos establecidos en la ley”.
Al cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido.
Dorys Alvarado Benites, quien era la intendenta nacional de Compañías, nombrada por Anchundia, ocupará temporalmente el cargo vacante.
Quien resulte electo por el CPCCS durará en funciones “el tiempo que faltare para completar el periodo para el cual fue designada la persona en cuyo reemplazo asume el cargo”; es decir, hasta el 2024.
La terna la encabeza Marco López Narváez, exmiembro de la Junta de Regulación Monetaria en el gobierno de Lenín Moreno; María García Plaza, notaria de la Notaría 23 de Guayaquil; y Esteban Coello Muñoz, quien presidió la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Cuenca.
El CPCCS está trabado debido a una división interna.
La mayoría la hacen Almeida, hija del político Pedro Almeida y sobrina del legislador del PSC Luis Almeida. David Rosero, cercano al movimiento Unidad Popular, y Javier Dávalos, exfuncionario en el gobierno de Rafael Correa.
Ibeth Estupiñán se ha mantenido en esa mayoría entre el 2020 y 2021, pero en la sesión del 5 de enero, en la que se pretendía aprobar el reglamento, apoyó a la minoría que denuncia irregularidades en el desarrollo de los concursos.
Esa minoría está integrada por María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco
Bravo, quienes plantearon una propuesta legal alternativa.
Pero esa votación no se cerró, porque cuando debía votar Almeida, ella suspendió la sesión alegando que no se estaba transmitiendo en vivo por las plataformas sociales.
El escollo se centra en la impugnación ciudadana. Estupiñán planteó el 29 de diciembre reformar el artículo 23 del proyecto para que en el caso de que dos integrantes de la terna fueran descalificados por impugnaciones, el pleno notificará al presidente de la República para que proponga otra terna. La propuesta no se aprobó;
La Fiscalía investiga irregularidades detectadas en inversiones del Isspol.
Estupiñán desapareció de la plenaria virtual y Almeida suspendió la votación.
Se convocó a la reinstalación el miércoles, y desde la presidencia de Almeida se planteó otra propuesta con los cambios de Estupiñán; Rivadeneira planteó que en el caso de que “todos” los integrantes de la terna fueran descalificados por impugnaciones, se solicitará una nueva terna. Votaron a favor Estupiñán, Ulloa, Bravo y Rivadeneira. Rosero y Dávalos se abstuvieron y Almeida no votó pues suspendió la sesión.
Extraoficialmente se conoció que el recelo, incluso en la propia Presidencia de la República, es que ello alargue la designación de una nueva autoridad porque se impugnaría continuamente a sus candidatos y la Superintendencia continuaría bajo la administración de Alvarado, nombrada por Anchundia.
Ello, en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía General por irregularidades detectadas en las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que ha dejado un perjuicio por los $ 990 millones. De este caso se desprendió el juicio político a Anchundia, que lo impulsó el legislador del PSC Luis Almeida.
Pero, de forma paralela, la Fiscalía realizó en junio pasado allanamientos en Quito, Guayaquil y Ambato, en empresas como Decevale y la Casa de Valores Citadel, en el que fueron detenidos para investigaciones trabajadores que tendrían relaciones familiares con actores políticos.
En Decevale, por ejemplo, se investiga la existencia de presuntas cuentas en custodios extranjeros y los mayores accionistas son las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito. (I)