La Asamblea Nacional definirá tiempo en que se podrá permitir el aborto en casos de violación
La Comisión de Justicia abrirá mañana el debate para aprobar el informe que irá al pleno. Existe un borrador que compila todas las observaciones presentadas, pero sus textos podrían cambiar después del análisis en la mesa.
El segundo debate del proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación abre la posibilidad de que la Asamblea Nacional defina un tiempo máximo en que se permitirá el aborto.
La Comisión de Justicia espera mañana, a las 09:30, abrir el debate y aprobar el informe para conocimiento del pleno. Existe un informe borrador que compila todas las observaciones presentadas en el pleno y por escrito en la comisión, pero sus textos podrían cambiar tras el debate en la mesa.
En los tres temas polémicos: temporalidad, objeción de conciencia y requisitos para el aborto por violación existe flexibilidad con relación a lo que se discutió en el primer debate. Además, la mesa recibió un sinnúmero de sugerencias sobre estos temas, que llevarán a dar un giro en la posición que asumirá la legislatura.
La Asamblea Nacional entró a discutir ese proyecto de ley tras la sentencia emitida en abril del 2021 por la Corte Constitucional
donde resolvió que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que solo permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación. Y dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar una propuesta de ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Ese es el documento que discute la legislatura.
El presidente de la comisión
Uno de los nudos críticos eran los requisitos para poder acceder al aborto.
de Justicia, Alejandro Jaramillo, con su equipo técnico construyó el borrador que será debatido y espera su aprobación durante la semana.
Uno de los nudos críticos eran los requisitos que se tenían que observar para poder acceder al aborto. Según Jaramillo, en este tema se está proponiendo que si luego de proporcionar la información a la niña, adolescente, mujer y persona gestante víctima de violencia sexual, manifiesta su decisión de hacerlo, el personal de salud pondrá a su disposición el formulario único para la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
El formulario no tendrá costo y si la persona que desea interrumpir el embarazo es menor de 14 años, no se requerirá de ninguna solicitud.
Bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa a la persona que desee interrumpir su embarazo producto de violación.
En el texto borrador se determina que el personal de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberá mantener su decisión en los ámbitos público y privado. Deberá derivar a la gestante para que sea atendida por otro profesional en forma eficaz y oportuna, sin dilaciones. Pero deberá llevar a cabo el procedimiento de interrupción del embarazo el profesional que se encuentre en zonas remotas, alejadas o de difícil acceso.
Uno de los textos más polémicos es la temporalidad; es decir, hasta qué semana se permitirá el aborto en casos de violación. En este tema, la única posición de mayoría que existe dentro de la comisión legislativa es que se establezca un plazo máximo.
En el informe borrador se dejan en blanco las semanas que serán aprobadas. El texto señala: “A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo de las niñas, adolescentes, mujeres y
Objeción de conciencia no se podría alegar de forma colectiva e institucional.
personas gestantes víctimas de violación, el plazo máximo para la intervención médica será de ... semanas de gestación”.
Y estas “serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por violación”.
Jaramillo afirma que la mayoría de los miembros de la mesa legislativa sostiene que debe haber un plazo, y algunos proponen que sean 12, 14, 20 y hasta 24 semanas; que algunos médicos que comparecieron advirtieron que después de las 24 semanas ya no sería una interrupción sino un parto.
Ricardo Vanegas (Pachakutik), de la comisión de Justicia, considera que el punto medular del debate se centra en ese plazo, y la legislatura no puede alejarse de la sentencia donde señala que debe cumplirse con plazos y esos debe señalarlos la Asamblea. Él plantea que la interrupción debe permitirse antes del primer latido del corazón, esto es, la cuarta semana desde la concepción.
Pero también hay quienes sostienen que puede darse hasta las doce semanas, porque ese criterio prevalece en la mayoría de los países de América. Aunque dice que existen legisladores y organizaciones sociales que piden que esa interrupción se haga hasta la semana 20. El segundo debate sobre este polémico tema aún está por empezar. (I)