Hay problemas para pagar por el mantenimiento del acueducto La Esperanza
Esa obra es parte de los bienes de la Refinería del Pacífico en liquidación. Conexiones clandestinas que se llevan el agua sin pagar por ella causan problemas de financiamiento.
El mantenimiento y puesta en funcionamiento del acueducto La Esperanza, uno de los bienes tangibles de la Refinería del Pacífico en liquidación, se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes están al mando de esta entidad, y que incluso ya ha recibido observaciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE).
Este acueducto, de unos 94 kilómetros de longitud y que nace de la presa de La Esperanza en el cantón Bolívar, recorre territorio de siete cantones y llega hasta la zona de El Aromo en Manta.
El objetivo de la construcción de este ducto, que tuvo un costo superior a $ 273 millones y que fue ejecutado por la empresa brasileña Odebrecht, era llevar agua cruda para el procesamiento diario de unos
300.000 barriles de petróleo, que era la meta propuesta por el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El régimen de ese entonces dispuso que el agua cruda fuera entregada a tres cantones que padecen severo desabastecimiento del líquido, como son Manta, Montecristi y Jaramijó. Pero el problema surgió cuando los agricultores comenzaron a conectarse de forma ilegal a la tubería, despresurizando el envío del líquido.
José Herrera, quien hasta mediados de octubre del año pasado fue el liquidador de la empresa, indicó que mantener el acueducto requiere de unos $ 2,6 millones anualmente.
Por ejemplo, la empresa en liquidación debe a la Corporación Nacional de Electrificación (CNEL) unos $ 2,7 millones por la recepción del servicio para proveer agua a cantones que no pagan por este.
La situación de este acueducto es una de las observaciones que ya realizó CGE en el informe que publicó el año pasado, y que ya se ha puesto a consideración del directorio de la refinería en liquidación, pero las sesiones convocadas para el 1 y 22 de octubre del 2021 no se realizaron por ausencia de representantes de Petroecuador, mayor accionista de esta compañía mixta, en conjunto con la venezolana PDVSA.
El exfuncionario cree que los delegados de Petroecuador no han querido reunirse porque deben definirse algunos temas complejos y tomar decisiones respecto al examen de la Contraloría que determinó irregularidades en esta obra.
Herrera indica que una de las recomendaciones de la Contraloría fue seguir con las acciones judiciales en contra de quienes captan o pinchan de forma irregular al paso de los 94 kilómetros de tubería.
Johnny Mendoza, vocero de los campesinos de los cantones por donde atraviesa el acueducto, reconoce que hay conexiones clandestinas o irregulares en Bolívar, Junín, Tosagua, Rocafuerte, Jaramijó, Montecristi y Manta.
Explica que son 10.000 agricultores o familias las que buscan una regularización para así poder beneficiarse legalmente de la recepción del agua. (I)