NUEVA MERMA A LA INSTITUCIONALIDAD
La ciudadanía espera conocer si cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) serán destituidos finalmente o no. Un nuevo capítulo que suma a la crisis institucional que en general experimenta el país.
La Asamblea Nacional había decidido censurar y destituir –en un proceso no ajeno a polémicas políticas– a los vocales Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por supuesto incumplimiento de funciones, pero un juez constitucional resolvió dejar sin efecto la censura.
En un nuevo capítulo de la disputa, ayer el presidente de la Asamblea Nacional había citado a una sesión del pleno virtual a las 19:00. Mientras que el presidente del CPCCS tenía una convocatoria a sesión de su pleno para las 17:00, para “analizar el incumplimiento del presidente de la @AsambleaEcuador, de la decisión constitucional que restituyó a sus cargos a los consejeros censurados”.
Cuando entró en vigor la actual Constitución los consejeros se seleccionaban a través de un concurso de oposición y méritos, con veeduría e impugnación ciudadana, que era organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero en 2018 se efectuó una enmienda para que sean elegidos por voto popular. De acuerdo con analistas consultados por este Diario, el cambio causó que sea más difícil su estabilidad. Además que desde su creación el CPCCS ha recibido críticas sobre su utilidad, llegando a proponerse desde sectores que su trabajo, como en el pasado, sea asumido por los otros poderes del Estado, y que más bien puede convertirse en una herramienta para captar a las autoridades de control. En esta línea va el Gobierno actual que debido a que el CPCCS no puede eliminarse, quiere en consulta popular disminuir sus atribuciones.
Cualquiera sea el desenlace de este enfrentamiento, la situación es una muestra más de lo difícil que es alcanzar entendimiento político-administrativo en este país en comparación, incluso, a nuestros vecinos. (O)